Miles de nicaragüenses han huido de su país, muchos a la vecina Costa Rica, en medio de la crisis más sangrienta desde la década de 1980 y que sumó un nuevo muerto en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) pidió ayer a la comunidad internacional «solidaridad» con Costa Rica y otros países que acogen a los nicaragüenses que abandonan su país por las protestas.
En los últimos meses las solicitudes de asilo de nicaragüenses en la vecina Costa Rica y en otros países como Panamá, México y Estados Unidos «han aumentado» de manera importante, afirmó el portavoz de Acnur William Spindler en rueda de prensa en Ginebra.
Actualmente, dijo, una media de 200 solicitudes de asilo están siendo registradas por nicaragüenses cada día en Costa Rica.
Según las autoridades costarricenses, casi 8.000 peticiones de nicaragüenses han sido obtenidas desde abril, cuando estalló la crisis en Nicaragua, de acuerdo con Spindler.
Unos 15.000 nicaragüenses tienen cita para registrarse más adelante, puesto que las capacidades de Costa Rica para tramitar todas las solicitudes «se ven superadas», indicó el portavoz.
«ACNUR valora los esfuerzos de Costa Rica por mantener abiertas sus fronteras a los nicaragüenses que necesitan protección internacional», recalcó.
«Pero al mismo tiempo instamos a la comunidad internacional a ofrecer apoyo a este país (Costa Rica) y a otros que acogen a refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, en línea con el espíritu de solidaridad y de reparto de la responsabilidad del Pacto Global sobre Refugiados y la aplicación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS)», abogó.
El MIRPS es un plan de acción regional para reforzar la protección y promover soluciones duraderas entre países de origen, tránsito y destino en Centroamérica y México.
«En estos momentos nuestros esfuerzos se concentran en Costa Rica, que recibe muchas más solicitudes de nicaragüenses, pero en los demás países por supuesto estamos siguiendo la situación de cerca», apuntó Spindler.
Mientras, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la represión del Gobierno hacia personas que protestan contra Ortega ha mutado en una «aniquilación y cacería», lo que ha obligado a muchos a un exilio forzado.
En un informe, el Cenidh indicó que las «fuerzas represivas» del Gobierno han llevado a prisión a unas 1.900 personas, de las cuales se sabe que 482 permanecen detenidas y 98 enfrentan procesos judiciales.
«La violencia de Estado tiene como objetivo no solo desmontar las acciones de resistencia, sino también provocar el mayor número de muertos, capturar al mayor número de personas y someter a las poblaciones de los territorios ocupados por estas fuerzas represivas a verdaderos estados de sitio», advirtió esa ONG.
La organización Frente Amplio por la Democracia (FAD) acusó a Ortega de cometer «terrorismo de Estado», a través de la represión, intimidación y persecución política por medio de las más diversas técnicas.
Y el partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que el mandatario ha utilizado «la represión» en la actual crisis «como un distractor para que los nicaragüenses empiecen a temer por su seguridad y se olviden del verdadero problema del país, que es la falta de democracia y el clamor por elecciones libres y transparentes».
El Ejecutivo, por su lado, reportó un nuevo muerto en el marco de las protestas.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de los años 1980, también con Ortega como presidente, y ha dejado entre 295 y 448 muertos según varios organismos humanitarios, cifra que el propio mandatario rebajó el lunes a 195.
Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del líder, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.