Nuestro país está pasando por una coyuntura crítica que puede alcanzar derivaciones de trascendencia para la vida institucional. Ha llegado el momento de las definiciones para unir energías y voluntades destinadas a salvar la democracia. Hay preocupación y pronunciamientos diversos por buscar un cauce común. Comités cívicos de varios departamentos, abogados constitucionalistas, organizaciones cívicas y agrupaciones políticas coinciden en pedir al Tribunal Supremo Electoral, que aplique la Constitución Política del Estado (CPE) preferentemente sobre los recursos ilegales que estableció el anterior gobierno para la habilitación de los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia y a la Asamblea Legislativa.
La CPE en el artículo 149 determina que «Para ser candidata o candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requerirá cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con dieciocho años de edad cumplidos al momento de la elección, haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente».
El TSE determinó que no podían ser candidatos por no haber residido los últimos dos años en esos distritos, pese a que eran representantes nacionales ante el parlamento. El caso del expresidente Evo Morales y algunos candidatos del MAS y de otras fuerzas políticas, es mucho más evidente, ya que no pueden acreditar que viven en territorio nacional. Se fueron y pidieron asilo político o refugio, de manera que evidentemente ya no habitan en Bolivia. Los comités cívicos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, así como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), anunciaron movilizaciones frente a una eventual habilitación de políticos que inclusive públicamente anunciaron que quieren llegar al parlamento solamente para protegerse y tener inmunidad frente a eventuales juicios nacionales e internacionales.
Un miembro de Conade, Waldo Albarracín, explicó que, en el caso de Evo Morales, aplica la Convención Internacional sobre el Refugiado, aprobada por Naciones Unidas, que entre otros aspectos establece la prohibición que tienen los refugiados para realizar política. «Morales no puede candidatear porque se entiende que ese acto es el más emblemático de hacer política. Él mismo se puso una limitación muy grande al acogerse al asilo y luego al refugio, aclaró. Morales está haciendo política militante como activista desde Cuba, México y Argentina».
Pero al margen de estos puntuales impedimentos, existe una serie de hechos que transgreden las normas legales sobre las que Morales y sus allegados deben rendir cuentas. De hecho, existen suficientes evidencias sobre las violaciones a las Constitución Política del Estado que deben ser procesadas. El país está en puertas de una definición política que pesará sobre el futuro. Los políticos, prefirieron la ventaja personal, partidista y sectaria antes que la preservación de la democracia y los intereses nacionales, y hoy los riesgos alcanzan grados de alarma por un retorno al populismo, y a la fractura de la institucionalidad.