El régimen del MAS accedió al poder con autoridad de origen. Pero su legitimidad de ejercicio fue corrompida. No solo violó la Constitución cuantas veces quiso, sino que su gestión de poder constituyó una colectiva conspiración organizada en contra de la democracia y de la libertad. Sus deseos de poder y riquezas se justificaban con la «liberación» del pueblo oprimido, cuando en realidad era una combinación de codicia y resentimiento acomplejado e injusto contra los bolivianos.
Ignoraron que el poder es efímero y un día tenía que terminar. La mezcla de ineptitud, avasallamiento institucional, irrespeto al Estado de Derecho, el hiper presidencialismo descontrolado, el despilfarro, el aislamiento internacional, la carencia de proyección económica, el abuso de poder, la corrupción generalizada, fueron los factores que ocasionaron el hastío ciudadano.
La desobediencia civil que culminó en el derrocamiento de los déspotas, es un impacto profundamente didáctico para el común de los ciudadanos y de aquellos que se dejaron seducir por el paternalismo y prodigalidad irresponsable de un régimen de ladrones.
Durante catorce años fuimos tolerantes pero la reacción de los jóvenes demostró a los dictadores que llego la hora a los dictadores de estar sentados en el banquillo de los acusados. Si el Gobierno de transición no exige ejemplar condena judicial contra Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y de todos sus Ministros y parlamentarios responsables del drama masista, no podremos regenerarnos a inmediato plazo como sociedad.
Las batallas que no se dan, siempre se pierden. Es un imperativo moral insistir sobre la necesidad de aplicar la justicia a quienes abusaron del poder, como condición necesaria para regenerar al país destruido material y espiritualmente, y así, evitar en el futuro la aparición de otros ídolos de barro. No enjuiciarlos sería perder una oportunidad didáctica y terapéutica.
De no sancionarles, su pretensión de inmunidad se convertirá en impunidad, en sed de venganza y mal ejemplo para la sociedad.
Los crímenes de la cúpula del MAS no deben ser asumidos como los de un gobierno más, puesto que la sociedad boliviana tácitamente admitiría que en el futuro crímenes de mayor magnitud se repitan, agravando así la desnaturalización de la democracia.
El masismo fue una conspiración criminal contra Bolivia, fueron los vende patrias a los imperialismos chino-ruso.
Los juicios penales deben servir para generar en la sociedad conductas de responsabilidad y sensatez política y a su vez crear en el elector la necesidad de elegir a los mejores para gobernar a cambio de evitar gestiones gubernamentales descontroladas. ¿Cómo podríamos mejorar la vida democrática si no exigimos una conducta de transparencia, honestidad y sometidos a la servidumbre que no mancha, a la Ley, de los gobernantes que son los que deben dar el ejemplo?
Así como honramos a nuestros héroes, hay que estigmatizar a sus villanos. No basta recuperar al «homo democraticus», hay que fortalecerla.