Hoy, 10 de mayo se recuerda el Día del Periodista en Bolivia, y aunque la celebración se ve opacada por las amenazas que se ciernen sobre la libertad de prensa, el gremio se mantiene unido en la defensa de la libertad de expresión, como base para el sostenimiento y vigencia de todas las demás libertades. Efectivamente, no se trata de defender solamente la facultad de los periodistas de buscar y difundir la verdad, sino del derecho de todos los ciudadanos a conocer los que ocurre en el país, la forma como se manejan los recursos del pueblo y del Estado, así como velar por el respeto al ordenamiento legal. Sin libertad de expresión y de prensa, se coartan todos los principios democráticos.
Lamentablemente, en la actual coyuntura política, económica y social que vive el país, se ha desatado una acción combinada entre los excesos del Gobierno, la Asamblea Legislativa, y la justicia para coartar la libertad de expresión mediante una serie de medidas de coerción que han sido ampliamente denunciadas por las instituciones que agrupan a los periodistas, y medios de comunicación, así como por organizaciones internacionales, que recordando el Día Internacional de la Libertad de Expresión -que también se celebró este mes de mayo- deploran los intentos del gobierno por someter a los medios de comunicación y a los periodistas independientes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el momento de «elevada vulnerabilidad para las libertades de expresión y de prensa en Bolivia» por iniciativas del partido gobernante para, según la entidad, «controlar y limitar» las expresiones de la ciudadanía y los periodistas. «Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas», dice, entre otros argumentos, un informe difundido por la SIP, en el que se hace referencia a los proyectos legislativos del Movimiento al Socialismo (MAS) para incrementar de cinco a siete años la pena de cárcel para periodistas y propietarios de medios por la supuesta difusión de mensajes racistas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que se suprimirá el tratamiento de algunos párrafos en el proyecto de Ley 305, que modifica el Código Penal y que atenta contra la libertad de expresión, pero el fondo del problema persiste. Por otra parte, diferentes medios de comunicación difundieron un trabajo del Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), que registra al menos 35 vulneraciones a la libertad de prensa, en los primeros cuatro meses del 2023.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), considera que «La libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella, disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad, según el Secretario General de la ONU, António Guterres, quien afirmó que esa libertad también es la esencia de los derechos humanos. En un foro, sobre la libertad de expresión, Guterres advirtió que la verdad se ve amenazada por la desinformación y el discurso de odio, «que tratan de desdibujar las líneas que separan los hechos de la ficción, y la ciencia de las conspiraciones».
Guterres recordó que el año pasado fueron asesinados al menos 67 trabajadores de los medios de comunicación y que cerca del 75% de las periodistas han sido atacadas en línea, y llamó a poner fin a la impunidad de estos delitos. «El mundo debe hablar con una sola voz: no más amenazas ni ataques. No más periodistas detenidos y encarcelados por hacer su trabajo. No más mentiras ni desinformación. No más agresiones a la verdad y quienes la proclaman», puntualizó el líder de la ONU. En esa misma línea, la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), Audrey Azoulay, señaló que la comunidad internacional debe combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas, detallando que nueve de cada diez no concluyen con un juicio o sentencia a los responsables.
En lo que va del presente siglo se han acentuado en nuestro país los intentos por coartar la libertad de expresión, y aunque no prosperaron, se han proyectado leyes dirigidas a modificar la ley de imprenta -proyectos frenados por el rechazo ciudadano- pero se han vulnerado las previsiones de la norma legal vigente. Asimismo, se ha transgredido la Constitución Política del Estado que proclama la plena vigencia de la libertad de prensa y de expresión. El Art.106 de la CPE, señala que «El Estado Garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa».