Que Bolivia pierda juicios internacionales o con las empresas transnacionales, no es una novedad, ya que son de conocimiento público los fallos en contra de nuestro país sobre el tema marítimo en la Haya, lo mismo que sobre el uso de las aguas del Silla, o sobre las demandas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), y otros casos, que derivaron en graves perjuicios para el país. Lo lamentable es que en todos los casos se trata de la ineficiencia de los organismos operativos para la defensa de los intereses del Estado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado, y otras dependencias sectoriales, que no supieron defender apropiadamente las causas, o se cometieron transgresiones que no se pueden justificar.
Ahora nuestro país se ve frente a un complicado problema de suministrar carburantes como gasolina y diésel a precios subvencionados para los camiones de transporte internacional que provienen de Perú, Colombia y Ecuador, como consecuencia de un fallo del sistema judicial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), publicado en la gaceta de la CAN, sobre una acción de cumplimiento planteada por Perú por contravenciones a normas establecidas en la Decisión 398 y 837, emergentes del proceso de integración del Grupo Andino. El fallo da plazo de 90 días para corregir las acciones de incumplimiento y en caso de reincidir en este tema y no acatar la resolución, la CAN autorizará la imposición de sanciones comerciales.
Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a favor del Perú para que sus transportistas adquieran combustible a precio subvencionado en nuestro país, la Confederación Nacional de Chóferes de Bolivia se ha declarado en emergencia. La dirigencia responsabiliza al gobierno por no asumir acciones a tiempo en torno al fallo y exigen la renuncia de las autoridades responsables de defender los intereses del país. Aseguran que la derrota es producto de una dejadez del Estado, y porque las autoridades «no conocen los tratados internacionales ni saben qué es la CAN». Los dirigentes informaron que el año pasado advirtieron a la Cancillería y al Viceministerio de Transportes sobre la demanda.
Varios medios de comunicación, entre ellos agencias de noticias han dado a conocer los alcances de la resolución de la CAN sobre Bolivia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una sentencia como consecuencia de una demanda de Perú, que reclamó porque Bolivia aumenta el precio del combustible a los camiones de ese país que ingresan a territorio boliviano. Recordemos que en nuestro país rige un precio subvencionado para algunos carburantes. El fallo del tribunal andino se basa en el incumplimiento de una serie de artículos establecidos por la CAN.
El artículo 3 de la Decisión 398 señala que «La oferta y la prestación del servicio de transporte internacional se sustentan en los siguientes principios fundamentales: libertad de operación; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminación; igualdad de tratamiento legal; libre competencia y, nación más favorecida». A su vez, el artículo 18 de esta misma Decisión determina que el transportista autorizado que haya obtenido Permiso Complementario de Prestación de Servicios gozará, en el país miembro que le hubiere otorgado dicho permiso, de un tratamiento no menos favorable que el concedido a los transportistas autorizados de ese país. La Decisión 837 respalda las definiciones, por lo que tomando en cuenta la demanda interpuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú, tanto Bolivia como Ecuador deben cumplir con esta determinación, ya que los transportistas autorizados pueden ofrecer el servicio de transporte internacional bajo condiciones de libre y equitativa competencia entre países miembros de la CAN.
En respuesta a la demanda, el Estado boliviano argumentó que la política soberana nacional de fijación de precios de los combustibles no sería materia de competencia de los órganos del Sistema Andino de Integración, que está ligada a temas como la prestación de servicios de transporte terrestre y que tendría incidencia en la seguridad fronteriza y el orden público.
Posteriormente, autoridades bolivianas se estrellaron contra uno de los jueces del tribunal andino, de nacionalidad boliviana, argumentando que fue elegido ilegalmente por el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Asimismo, se dijo que se apelará la resolución. Pero las consecuencias de esta determinación de cumplimiento obligatorio, pueden derivar en problemas internos a los que el país está acostumbrado, como bloqueos u otras medidas de presión. Inclusive, algunos analistas consideran que una de las derivaciones puede ser un incremento en el contrabando de combustibles. Otros sostienen que el problema central es la subvención, que el gobierno debe analizar con responsabilidad.