La imagen que Bolivia tenía en el exterior hace 13 años, es muy diferente a la que muestra actualmente. En ese momento se destacó la legitimidad democrática del ascenso al gobierno del presidente Evo Morales, saludada por casi todo el mundo por considerar que por voluntad del pueblo un indígena asumía la primera magistratura, luego de unas elecciones libres, en las que los ciudadanos, por primera vez, eligieron al Presidente por una mayoría absoluta de votos. Pero esa imagen ha ido enturbiándose.
Hoy la imagen de Bolivia se ve empañada por algunos hechos, actitudes y demostraciones de un irrespeto por los pilares de la democracia, sustentados en el estado de derecho.
Una reunión realizada en Sucre expuso la percepción que existe sobre lo que ocurre en Bolivia. Un periódico informó que representantes de diferentes instituciones nacionales y del exterior coincidieron en que Bolivia presenta algunos síntomas de la crisis política que se vive tanto en Venezuela como en Nicaragua. Las versiones fueron expuestas, en el marco de las actividades académicas paralelas al 171 Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las opiniones de los panelistas se vertieron en el conversatorio «Situación de los derechos civiles y políticos en la región: Los casos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela», conversatorio efectuado en el salón auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH). Juan Pappier, abogado de la división de las Américas de Human Rights Watch; Ivan Pilip, miembro del Consejo Directivo del Instituto Casla; y Amaru Ruiz, presidente de fundación del Río; así como otros representantes de varios países analizaron la situación de los tres países.
«La situación de Bolivia no es la situación de Venezuela ni de Nicaragua, pero claramente los síntomas que hoy estamos viviendo son síntomas que también estos países hermanos los sufrieron hace cinco o diez años atrás (…) Si bien no vivimos crímenes, los sistemas que tenemos deben mostrar al mundo que esto no debe seguir y la comunidad internacional debe evitar», fue el llamado de Ramiro Orías, oficial de la Fundación para el Debido Proceso, que representó la realidad boliviana junto con Jhanisse Daza, miembro del colectivo Ríos de Pie, y Toribia Lero, copresidenta de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
Es evidente que lo que ocurre en nuestro país difiere mucho de la situación en Venezuela o Nicaragua, pero también es cierto que los procedimientos para conculcar los derechos y garantías en esos países comenzaron con medidas y situaciones similares como la vulneración de las bases democráticas, desconocimiento de las normas constitucionales y la reelección ilegal de los Presidentes.