La justicia en Bolivia ya no se la puede escribir con mayúsculas, no solamente por haber perdido jerarquía, sino porque se ha enviciado y contaminado a similitud de una metástasis afectando a todo el sistema, incluyendo los más altos tribunales, el Ministerio Público, la policía, y amenazando propagarse a otros niveles, con el riesgo de destruir lo que queda de la institucionalidad.
Ya no sorprende ningún hecho, denuncia o causa sobre excesos, omisiones, prevaricato, distorsiones procesales o actos de corrupción. Por ello, no asombra la denuncia contra un alto magistrado por manipulación de casos y menos causa extrañeza que uno de sus parientes sea sindicado por varios presuntos delitos, como ventajas ilegítimas, consorcio entre jueces, fiscales y abogados, y otros abusos. Recordemos los casos de extorsión denunciados por el propio Gobierno y otras decenas de escándalos en los que jueces, fiscales, abogados y policías de diferente grado se ven implicados frecuentemente.
Como consecuencia de este estado de cosas, ha presentado renuncia a su cargo –que solamente será efectiva después de hacer uso de su vacación de 45 días-, el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel Durán en medio de otro escándalo sobre unos audios que lo comprometen. El magistrado anunció que su decisión es irrevocable porque dijo: «No quiero seguir prestándome a estos chantajes y extorsiones» … «En resguardo a la imagen de la justicia, de la institución y de mi familia, he decidido presentar mi renuncia irrevocable a mi cargo, que será efectiva a partir del cumplimiento de mi vacación legal», explicó Michel en conferencia de prensa.
En los audios de referencia se escucha presuntamente a su hermano, hablar de manipulación de procesos judiciales y repartija de cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que fue aprehendido al iniciarse una investigación. Michel denuncia a su vez que «existe una conspiración bien armada y planificada» en contra de su persona. Según Michel una exautoridad de la Magistratura se contactó con él y con su hermano para extorsionarlos, advirtiéndoles con sacar a la luz pública las grabaciones y exigiéndole cinco cargos en esa instancia, además de dinero.
Como esta maraña ya son muchas las ilegalidades en todo el sistema. En realidad la magnitud de los hechos se agrava ahora con este caso en el seno del Consejo de la Magistratura, que se suma a las transgresiones del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Constitucional Plurinacional y a la Asamblea Legislativa que, al desconocer la Constitución Política del Estado, han perdido toda legitimidad. En estas condiciones resulta casi utópico pensar en que pueda darse una reconversión hacia la legalidad del sistema judicial, y de los mecanismos de poder, donde algunas autoridades están embaladas rumbo al precipicio. La enorme pila de irregularidades tiende a ser cubierta por un manto de impunidad. Son muchas las señales de esta situación que vulneran principios básicos de un sistema democrático, como la independencia de poderes, o el incumplimiento de funciones en los mecanismos de fiscalización.