Los trabajadores de la prensa exigieron este miércoles, con motivo de la conmemoración del Día del Periodista en Bolivia, garantías a su labor «en un contexto creciente de violencia», ya que en lo que va de 2023 se han documentado 37 hechos de vulneración contra la libertad de prensa.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitieron sendos comunicados para exigir respeto a la libertad de prensa, a la Ley de Imprenta que rige a los periodistas y que no se judicialice el trabajo del gremio.
De acuerdo a datos de la ANPB y APLP, en estos primeros meses de 2023 se reportaron 37 hechos que vulneran la libertad de prensa, como «presiones para levantar el secreto de fuente» o el reciente proyecto de ley «mordaza», con el que se buscaba judicializar a los periodistas sin acudir a la Ley de Imprenta, que finalmente fue retirado.
«Es claro que los actos que vulneran la libertad de prensa tienen por objeto silenciar al periodismo, orillar a los periodistas hacia la autocensura y, de esa manera, afectar el derecho a la libertad de expresión y de prensa», expresaron.
Además, señalaron que esas situaciones «no solo atentan contra los derechos del periodismo, sino que además violenta los principios elementales de la democracia».
Los gremios agregaron que en estos tiempos de creciente violencia el periodismo «es perseguido simplemente porque muestra la realidad, evidencia la corrupción, y denuncia la falta de garantías democráticas».
«El Estado es el principal agresor de la libertad de expresión y de prensa, en tanto que el sistema judicial deja en la impunidad los atentados contra la integridad de los periodistas y se presta a la judicialización del trabajo», señalan en el comunicado.
La ANPB y la APLP pidieron garantías para el ejercicio del periodismo, rechazaron la «impunidad que naturaliza la violencia contra los trabajadores de la prensa» y reclamaron la vigencia de la Ley de Imprenta.
«Las presiones del poder político, el hostigamiento y las dificultades que entrañan la búsqueda de la verdad en las fuentes de información, no consiguieron doblegar su voluntad por obtener las noticias que son de interés de los ciudadanos», indicó la ANP.
En Santa Cruz, donde se reportaron varias agresiones a periodistas que cubrieron a finales del año pasado el paro de 36 días por el censo de población, los gremios y la Federación de Juntas de Vecinos marcharon con carteles para exigir que se respete la libertad de expresión en el país.
Además, el mes pasado se emitió un fallo judicial contra tres periodistas por un caso de violencia de género, proceso en el que se utilizó ChatGPT lo que causó polémica por la actuación de los jueces que aceptaron procesarlos al margen de la Ley de Imprenta.