La ciudadanía todavía se pregunta porque la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), rechazó el proyecto de modificación del Presupuesto General del Estado 2023, que se supone era una urgencia para atender la actual crisis por la sequía y los incendios. El proyecto pretendía elevar el PGE a casi seis mil millones y medio de bolivianos, de los cuales el 70% correspondía para el gobierno central y un 30% para gobernaciones, municipios, universidades y otros requerimientos. Luego de un debate acalorado de más de 14 horas el pleno de la ALP rechazó el proyecto de ley 464/2022-2023 que establecía agregar más de dos mil millones. Entre los argumentos, se explicó que se observó una disposición adicional, supuestamente «persecutoria» hacia la actividad económica, introducida en el proyecto del presupuesto reformulado.
La oposición, así como el ala evista del MAS, cuestionan que se quieran aprobar artículos que no están relacionados directamente con el presupuesto, como la disposición adicional séptima, por considerar que dejaría abierta la posibilidad de denunciar a una persona, que puede ser un empresario o comerciante, entre otros, ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por cualquier operación bancaria sospechosa, sin respeto al secreto bancario ni la presunción de inocencia. El diputado por el MAS, Héctor Arce indicó que, si se aprueba esta norma con la disposición adicional séptima cuestionada, presentaría un recurso de inconstitucionalidad abstracta por vulnerar garantías constitucionales a favor de la ciudadanía. El tema central del debate fue el rechazo a los siete artículos adicionales que se introdujeron en el proyecto normativo, hecho que fue cuestionado por evistas y opositores. Se realizó una votación por escrutinio, 92 asambleístas votaron en contra, 62 a favor y tres legisladores optaron por votar nulo.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel consideró que la distribución de los recursos adicionales era irracional porque el 70% está destinado al gobierno nacional y solo el 30% a los municipios, gobernaciones y otras instituciones, de acuerdo a publicaciones de prensa. Además, recordó que el 37% del dinero que reciba el Ejecutivo está consignado para el gasto corriente, pago de sueldos y salarios. En su criterio, el dinero que irá para el gasto corriente sería usado para crear un colchón que le sirva de soporte para el presupuesto 2024, asimismo dijo que es posible que sea destinado para solventar los gastos de la campaña preelectoral. El diputado del bloque evista, Renán Cabezas dijo que el proyecto pudo haberse aprobado, si los renovadores hubieran mostrado la voluntad política de aceptar las modificaciones. Explicó que, de todas maneras, las alcaldías que hubieran recibido la transferencia, no hubieran podido ejecutar esos recursos a falta de un mes y medio para que termine el año; sugirió esperar a la asignación de dineros del nuevo Presupuesto General del Estado 2024.
Mientras tanto, el presidente Luis Arce calificó de «traición al pueblo» el rechazo al Presupuesto Reformulado 2023 y lamentó que primen los cálculos políticos de algunos asambleístas por encima de los intereses del pueblo. «Cuando un dirigente deja de pensar en el pueblo, en el que está atrás y piensa en sí mismo, ha dejado de ser un líder. Ha dejado de ser un protagonista para el pueblo. Eso lamentablemente lo hemos venido observando durante todo este tiempo en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional», expresó según la agencia estatal ABI.
En representación de Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón explicó que, mediante una carta enviada al Vicepresidente del Estado, se solicitó remitir al Ejecutivo, el proyecto aprobado por las dos cámaras, sin las modificaciones adicionales rechazadas, para su respectiva promulgación. Insistió en que lo que corresponde es que el Legislativo mande a promulgación la ley que ya fue aprobada, sin las cláusulas objetadas. Asimismo, el jefe de bancada del MAS, Jerges Mercado, informó que se solicitó al presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convocar a una sesión para reconsiderar la aprobación del Proyecto de Ley sobre la reformulación del PGE.
De todas maneras, cualquiera sea el desenlace, algo no está claro en el proyecto que el gobierno presentó, ya que tratándose de una propuesta de urgencia, por las necesidades especialmente de las regiones, ¿por qué se introdujeron cuestiones controversiales, por las que era previsible el rechazo de la oposición? más aún, considerando la enguerrillada posición del ala del MAS afín a Evo Morales hacia la gestión del actual gobierno. Por ello no es extraño que se especule sobre las razones reales que se esconden detrás de esta situación, que sería la falta de efectivo para hacer las transferencias a municipios, universidades y regiones para atender las emergencias provenientes de la sequía y los incendios. Recordemos que la falta de combustibles tiene su origen en la falta de dinero para pagar a los proveedores. El gobierno central debió prever esta situación, pero con el rechazo al aumento de recursos presupuestados para atender la emergencia en la presente gestión, la responsabilidad se desvía a la ALP y a la oposición.