Hasta el momento, cerca de tres millones de hectáreas ya se han perdido por los incendios de este año, y persisten los siniestros en varias regiones y los esfuerzos del gobierno no alcanzan para mitigar la situación. Mientras las ciudades se contaminan por el humo y crecen los pedidos de ayuda de indígenas, activistas y municipios, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, expresó su preocupación por los incendios que están azotando a varias regiones del país. «Me preocupa profundamente la situación en Bolivia. Los incendios están destruyendo los bosques y los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. El Gobierno debe tomar medidas para apagar los incendios, prevenir otros en el futuro y respetar los derechos humanos», escribió mediante las redes sociales.
Simultáneamente llegan las denuncias de incendios en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en el que viven los pueblos Mojo Ignaciano, Mojeño Trinitario, Tsimane, Movima y Yuracaré. Los medios de comunicación también informan que las áreas reservadas del norte paceño y el Madidi son atacadas por el fuego. La Defensoría del Pueblo informó que ha verificado la vulneración de al menos 12 derechos, entre fundamentales y de la Madre Tierra, a causa de los incendios. ¡No se nos quema solo un municipio o comunidad, estamos ardiendo! exclamó Claudia Flores, representante de la Defensoría del Pueblo. Esa institución hizo conocer su informe sobre los incendios y estableció que la Ley de Gestión de Riesgos de 2014, «ya no responde a la situación climática que enfrentamos como planeta y país». De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, en lo que va del año, se han consumido 2,9 millones de hectáreas y el fuego persiste en el norte paceño, en Beni y en Santa Cruz. La situación se agrava por la sequía extrema que golpea el país.
Existe preocupación en las diferentes regiones por considerar que son insuficientes las acciones del gobierno. Vincent Vos, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma de Beni José Ballivián, advirtió que se pone en riesgo la Amazonía, que es uno de los más grandes reservorios del ecosistema. Adelantó que «en 2030 habremos perdido el Amazonas si no paran los incendios forestales». A su vez, activistas y biólogos denunciaron la vigencia de al menos una decena de leyes y decretos que favorecen las quemas en el territorio boliviano y exigieron su abrogación porque afectan al medioambiente. Las normas cuestionadas alientan la degradación de bosques y la deforestación provocada por los incendios forestales. Siete de estas normativas fueron aprobadas entre 2006-2019, con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el oriente del país.
Los colegios de biólogos de La Paz y Cochabamba, mediante un pronunciamiento, exigieron la «abrogación inmediata de las leyes, reglamentos y normas nacionales, departamentales y municipales que vulneran la existencia de bosques, ríos, suelos y aire sanos». Señalaron al Gobierno responsable de generar un paquete de leyes incendiarias que promueven la destrucción de bosques y se asocia directamente con la escasez de agua actual. Entre esas normas figura el Plan de Usos de Suelos (PLUS) de Beni, que afecta a la Amazonía, los territorios indígenas, las áreas arqueológicas y los patrimoniales, denunció el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade); el Decreto Supremo 3874 autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta, destinados a la producción de aditivos de origen vegetal–biodiésel. El Decreto Supremo 4334 determina el desmonte para la actividad agropecuaria en Santa Cruz y Beni, a criterio reglamentario de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Las leyes 337, 502, 739, 952 establecen el «perdonazo» a aquellos predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y 2017. Estas normas vulneran la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y la Ley Forestal. Otras normas observadas son La Ley 740, y 741 que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. «El efecto real de la norma es la quema descontrolada de bosques de parte de colonizadores e interculturales, que se suman a grandes propietarios y traficantes de tierras, generando un grupo de personas que se camuflan como pueblos indígenas», dijo el representante del Conade, Manuel Morales. La Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas (1171) confiere al incendiario la capacidad «racional» de controlar el fuego provocado, algo que no es posible controlar y normar, señaló.