Mientras una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una nueva visita a Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió prorrogar la gestión de los altos magistrados de la justicia elegidos en 2017. Efectivamente, el TCP declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales propuesta por el Senado, y dispone que las autoridades actuales deben permanecer en los cargos para los cuales han sido elegidos, mediante votación, hasta que se produzca la nueva elección. De esta manera, la polémica continúa ahora entre el gobierno, los legisladores y el TCP, ante la vista y observación de los miembros de la CIDH, que llegaron para presentar el informe de la Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI (MESEG).
Esa misión recomendó, entre otros asuntos, que «el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno». La sociedad civil, los abogados, los litigantes, las organizaciones sociales, los políticos y la sociedad civil en general, conocen y sufren las consecuencias del lamentable estado de la justicia. Hoy mismo, se busca un mecanismo para hacer viable las elecciones judiciales, mientras se cierne sobre el país la sombra del vacío en los altos cargos judiciales. La delegación de la Comisión de Derechos Humanos está integrada por el Comisionado Relator, José Luis Caballero Ochoa, junto con la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero y equipo técnico.
Según informe de la CIDH, se llevarán a cabo reuniones de alto nivel con autoridades, organismos internacionales, víctimas y sociedad civil, con el objetivo de presentar el primer informe de la MESEG y socializar sus hallazgos respecto de los avances, retos y desafíos en el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia. Recordemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, fue creado con el fin de establecer un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en el país a partir de octubre de 2019. El grupo fue instalado el 23 de noviembre de 2020, y el 17 de agosto de 2021 presentó su informe final en el cual emitió 36 recomendaciones. La MESEG tiene la finalidad de desplegar acciones de acompañamiento y seguimiento de las recomendaciones.
El informe, en lo que se refiere a la justicia, afirma que «el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) examina algunos aspectos del funcionamiento de la justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia. En particular, se abordan cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva, y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. Esa evaluación se inserta en el cumplimiento del mandato del GIEI de recomendar medidas de fortalecimiento institucional en materia penal. Al respecto de estos cuatro elementos, se advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales.
Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria. Observa la falta de independencia en la administración de justicia. En el contexto de las violaciones abordadas en este informe, recomienda «preservar la transparencia, separación e independencia de la administración de justicia es un elemento fundamental para generar credibilidad y confianza en las víctimas y en la sociedad en su conjunto, así como para consolidar el Estado de derecho». En esta sección, el GIEI examina algunas facetas de la falta de independencia del sistema judicial en Bolivia, a la luz de estándares internacionales, y aborda ejemplos específicos que ilustran esta problemática. El GIEI advierte que «las falencias identificadas son un problema estructural». Recomienda «Principios de independencia judicial y de objetividad y transparencia en el ejercicio de la acción penal. Un pilar básico del debido proceso es la garantía de la independencia e imparcialidad del poder judicial, lo que se traduce en que los funcionarios y las funcionarias de la judicatura puedan realizar su labor de manera autónoma y fundada exclusivamente en el derecho, libre de influencias, presiones o intromisiones indebidas. Dicha garantía busca proteger a las personas de los abusos de poder y de la arbitrariedad o de decisiones basadas en preferencias personales de miembros de la judicatura.