El relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, manifestó este miércoles su preocupación por los «escasos avances» en las investigaciones por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos ocurridos en los conflictos poselectorales de 2019.
Caballero mencionó que esta falta de avances «impacta directamente al acceso a la justicia de las víctimas». También destacó la responsabilidad por parte del Estado de Bolivia para cumplir 4 de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), e informó que hay «avances sustantivos» en varios temas.
Esto durante la presentación del informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones (MESEG), en un evento realizado en la Cancillería que contó con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, y el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.
El relator afirmó que el GIEI se ha reunido con víctimas de las regiones de Senkata y Sacaba, para darle seguimiento a las denuncias de actos de violencia desmedida por parte del Estado durante la crisis política de 2019, y les agradeció por «depositar su confianza en ellos».
Durante su intervención el ministro Lima aseguró que Bolivia es un país que respeta el trabajo de la CIDH y que uno de los principales compromisos es «darle respuesta al dolor de las víctimas a través de la justicia».
Agregó que la institucionalidad «ha triunfado» y que el informe demuestra el «compromiso con las víctimas» por parte de gobierno.
Asimismo, la canciller Sosa saludó a las víctimas de las denominadas «masacres de Senkata y Sacaba», y recordó a las 37 personas que perdieron la vida en diferentes puntos de Bolivia durante la crisis.
«Los agentes estatales y grupos paramilitares hicieron uso excesivo de la fuerza, vamos a investigar y juzgar a los responsables de las masacres», subrayó Sosa.
Avances
El relator insistió en la importancia de dejar sin efecto la amnistía en casos graves de violaciones de derechos humanos para garantizar la no repetición.
«Qué estos hechos no se vuelvan a repetir es importante para nosotros», enfatizó.
El ministro Lima también destacó que «las 36 recomendaciones van a tener cumplimento (…) responderemos a las víctimas», y aseguró que la premisa fundamental es «la garantía de no repetición».
Por su parte, la ministra Sosa dijo que la CIDH reconoció los avances de Bolivia en la derogación de las normas de amnistía en casos graves de violaciones de derechos humanos, y la implementación del mecanismo nacional de la prevención de la tortura.
La CIDH señaló que las acciones del Estado deben priorizar la reparación y la investigación de las violaciones de los derechos humanos, pero también se debe de abordar una reforma a la estructura en el sector justicia.
«Este informe refleja un trabajo puntual coordinado de diálogo», señaló Caballero.
El relator de la CIDH destacó las acciones de Bolivia para fortalecer los mecanismos contra la tortura, la aprobación de una política de reparación integral para las víctimas, los mecanismos para reparación y valoró la ampliación de mecanismos de ayuda humanitaria para algunas víctimas.
La canciller Sosa cerró el acto con un grito a la audiencia «gloria a los caídos de Senkata y Sacaba».
La crisis
El Gobierno del presidente Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) afirman que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019, que luego fueron anuladas.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La expresidenta transitoria afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, entre ellos los casos de «Sacaba» y «Senkata», ambos por las muertes de civiles durante la crisis de 2019.