Las redes sociales tienen un impacto cada vez mayor en las comunidades y la vida de la gente, ayuda a muchos emprendedores, abre espacios a las iniciativas, informa, denuncia y promueve, pero también desinforma, tergiversa, y falsea. En Bolivia vemos esta situación día a día, y en los conflictos sociales y políticos se observa como salen las duras expresiones que no cuidan los límites de la legalidad. La libertad de expresión es un derecho humano que debe ser respetado y defendido siempre, porque es el baluarte para la defensa de las demás libertades. La Constitución Política del Estado reconoce el derecho de todos los bolivianos a expresar sus ideas por cualquier medio de comunicación. Lamentablemente, algunas veces surgen intenciones para cambiar las reglas básicas de este derecho fundamental, inclusive bajo argumentos de la defensa de la libertad de expresión. Es poco probable que la sociedad boliviana y menos los comunicadores, admitan «reguladores» para los contenidos.
Seguramente con el mejor criterio, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha presentado un plan de acción para combatir la desinformación, la incitación al odio y la manipulación en las redes sociales, que representan «amenazas importantes para la vida en sociedad y la estabilidad». Este plan de acción, según la UNESCO, es el resultado de un proceso de consulta a una escala sin precedentes en el sistema de las Naciones Unidas, con más de 10.000 contribuciones de 134 países recogidas a lo largo de los últimos 18 meses. En 40 páginas, el documento detalla los Principios que deben respetarse y las medidas concretas que deben aplicar todas las partes interesadas: gobiernos, autoridades reguladoras, sociedad civil y las propias plataformas. En América Latina, la gente es celosa y desconfiada de los reguladores, y peor si la regulación viene de los gobiernos. Los principios de la comunicación están vigentes en Bolivia en un Código de Ética que contempla la autorregulación.
Las medidas que sugiere la UNESCO se articulan en torno a 7 principios que deben respetarse, de modo que: el impacto sobre los derechos humanos sea la brújula para la toma de decisiones en cada etapa por todas las partes interesadas. En todas partes del mundo se establezcan reguladores independientes y públicos, con un papel claramente definido y recursos suficientes para llevar a cabo su misión. Estos reguladores independientes trabajan en red y en estrecha coordinación, para evitar que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades regulatorias entre los países. La moderación de contenidos debe ser posible y eficaz a la escala adecuada, en todas las regiones y en todas las lenguas. Se establezca la responsabilidad y la transparencia en los algoritmos, cuya mecánica se basa con demasiada frecuencia en provocar exageraciones en detrimento de la fiabilidad. Las plataformas tomen más iniciativas para educar y formar a los usuarios en el pensamiento crítico. Los reguladores y las plataformas tomen medidas más contundentes en las situaciones más delicadas, especialmente durante las elecciones y las crisis
«La liberación de la palabra a través de la tecnología digital ha representado un inmenso progreso. Pero las redes sociales también han acelerado y amplificado la difusión de información falsa y la incitación al odio, lo que plantea graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad», dijo la directora general de la agencia de la ONU al presentar el informe. Audrey Azoulay añadió que, para proteger el acceso a la información, «debemos regular sin demora estas plataformas, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión y los derechos humanos». El informe agrega que los representantes de los reguladores independientes ya han acogido favorablemente la iniciativa de la UNESCO, y varios de ellos, sobre todo en África y América Latina, han indicado que están dispuestos a empezar a aplicar estas medidas.
Con este fin, la UNESCO organizará la primera Conferencia Mundial de Reguladores a mediados de 2024. La Organización también apoyará a sus Estados Miembros en la transposición de este plan de acción a sus leyes y reglamentos. Para ello está movilizando una financiación específica, que ya cuenta con el apoyo de un millón de euros de la Comisión Europea. «Hay un requisito cardinal que ha guiado nuestro trabajo: el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos. Coartar o restringir la libertad de expresión sería una solución terrible. Los medios de comunicación y las herramientas de información libres, de calidad e independientes son la mejor respuesta a largo plazo a la desinformación», explicó la responsable de la UNESCO. Es deseable que este proyecto, altamente positivo en la mayoría de sus planteamientos -aunque algunos casi románticos, como que las plataformas contraten productores y expositores multilingües- tome en cuenta que los reguladores no se metan con la información.