El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) criticó este sábado que una comisión de la Cámara de Diputados haya frenado el tratamiento de unos proyectos de ley que buscaban anular la prórroga del mandato de las autoridades judiciales dispuesta por el Tribunal Constitucional.
«Comisión de Diputados vuelve a frenar iniciativas legislativas para restablecer supremacía de la CPE (Constitución Política del Estado). Revelan inadmisible apoyo a inconstitucional ‘autoprórroga’ del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional)», escribió Rodríguez en la red social X.
El exmandatario, que también fue presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), agregó que «la defensa de la Constitución es un imperativo ciudadano, no puede trabarse por una fracción política y a conveniencia de sus intereses, menos por la que representa al Gobierno que juró defenderla».
Hace unos días, el TCP dispuso la continuidad de las funciones de los magistrados de los máximos tribunales del país a partir de enero próximo y declaró inconstitucional el proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales para «evitar un vacío de poder» en ese órgano mientras se celebran los comicios para elegir a nuevos jueces.
Las elecciones judiciales debieron celebrarse este año, ya que el mandato de los magistrados termina este 31 de diciembre, sin embargo, a partir de la decisión del Constitucional, los actuales magistrados del TCP, el TSJ, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental seguirán en funciones hasta que se convoque a nuevos comicios.
Otros expresidentes como Evo Morales (2006-2019) y Carlos Mesa (2003-2005) han cuestionado la prórroga de las autoridades judiciales y la calificaron como un «golpe judicial».
Las críticas de Rodríguez apuntan a la determinación de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja de rechazar el tratamiento de dos proyectos de ley que fueron aprobados previamente en el Senado, uno para la cesación de mandato de los magistrados y otro para la suspensión de los plazos procesales a partir del próximo 2 de enero.
La citada comisión está bajo el control de la facción ‘arcista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), es decir, los parlamentarios cercanos al presidente del país, Luis Arce, cuyo Gobierno ha justificado la prórroga al considerar que era «la única salida constitucional posible» a falta de las elecciones judiciales.
Las peleas internas en el MAS se hicieron evidentes también en este caso, ya que en la Cámara alta, la mayoría oficialista es ‘evista’ o afín a Morales, mientras que en Diputados predominan los parlamentarios ‘arcistas’
Los senadores ‘evistas’ aprobaron los proyectos de ley con apoyo de la oposición, pero los ‘arcistas’ frenaron su tratamiento en la Cámara baja.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento nacional.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
El proceso de preselección para las elecciones de este año no logró avanzar debido a medidas dispuestas por salas constitucionales.
Los comicios no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia boliviana desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.