El vicepresidente de Blooming, Nelson Muriel, asesinado el pasado jueves en Santa Cruz, tenía al menos tres antecedentes de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas, pero además estuvo detenido casi un año, reveló el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Según Romero, Muriel estuvo con detención preventiva en 2001 por un caso de sustancias controladas. La privación de libertad entonces duró algo más de 11 meses.
Después, en 2015, Muriel fue procesado por legitimación de ganancias ilícitas, pero un juez declaró prescrito el caso. El Ministro criticó el proceder de la autoridad judicial porque podría ampliar el tiempo de investigación en un delito tan grave, pero optó por dejar sin efecto la causa, reportó Erbol.
En 2017, según Romero, otra vez Muriel apareció con denuncia por delitos de la Ley 1008 de control a las sustancias controladas.
La autoridad gubernamental indicó que esos hechos recurrentes se dan también por decisiones de las autoridades judiciales, que no van de acuerdo con la gravedad de los delitos.
Añadió que estos tres antecedentes del dirigente merecen un profundo esclarecimiento.
Intensifican operativo para capturar al pistolero
Asimismo, indicó que la Policía intensificó la investigación para capturar al pistolero que victimó por “vendetta” al directivo del club Blooming, Nelson Mauriel, y dejó herido a Sebastián Peña.
«Un equipo especial está trabajando intensamente» en este caso tipificado de vendetta, señaló en una rueda de prensa.
Mauriel fue asesinado el jueves anterior en la ciudad de Santa Cruz, el proceso investigativo está en desarrollo por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
Según las investigaciones preliminares, el dirigente deportivo tenía vínculos con el narcotráfico y fue acribillado por un ajuste de cuentas, remarcó.
Romero reprochó la determinación de jueces que declararon prescrito los procesos por los delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas contra Mauriel.
«Yo no creo en ninguna prescripción en casos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas», añadió y llamó a las máximas autoridades del Órgano Judicial a investigar ese caso en particular.
«Es fácil diríamos dejar morir un proceso judicial por inacción investigativa y luego declarar su prescripción y archivo de obrados», apuntó.
A su juicio, no opera la prescripción en delitos graves como el narcotráfico y las autoridades jurisdiccionales tienen la potestad de disponer la ampliación del periodo de investigación.