El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo en una entrevista con EFE que esa región está dispuesta a mantenerse en huelga «el tiempo que sea necesario» hasta que el Gobierno derogue el decreto con el que se aplazó el censo de población de 2023 a 2024.
Este sábado 22 de octubre inicia en Santa Cruz un paro indefinido, que Calvo reconoce será un «sacrificio» para la gente pero «la ganancia, a nivel general, es muy importante».
Calvo sostuvo que el principal riesgo de aplazar el censo para 2024 es que las cifras se conocerán progresivamente entre 2025 y 2026, lo que implica que las políticas que se establezcan a futuro serán elaboradas con «datos obsoletos».
«No se puede esperar», remarcó el líder cívico, quien está en detención domiciliaria por un caso en el que, pese a ser médico cirujano, se lo acusa por el ejercicio ilegal de la profesión.
La determinación de ir a una huelga emanó de un masivo cabildo el pasado 30 de septiembre como medida de presión para exigirle al Gobierno del presidente Luis Arce la abrogación del decreto que fija la encuesta nacional en 2024, además de un plazo de 120 a 180 días para que los datos se apliquen al empadronamiento para las elecciones generales de 2025.
En junio pasado, el Gobierno aplazó la realización del censo, que debía efectuarse en noviembre de este año, alegando dificultades técnicas y la necesidad de «despolitización» del proceso.
Santa Cruz es la región que lidera las protestas por el censo a la que también se han sumado algunos sectores de los departamentos de Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí que han previsto manifestaciones para los siguientes días.
Condiciones para dialogar
El líder cívico consideró que las necesidades de la población están «dilatándose» y puso como ejemplo las limitaciones que tuvo el censo anterior, el de 2012, que tuvo el «75 % de la población empadronada» y que se planificó en base a la cartografía de 2002.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz apuntó que existen muchas actividades previstas por el Ejecutivo nacional que pueden efectuarse «en paralelo» y con ello hacer un «acortamiento de los tiempos» para la realización del censo.
Calvo también cuestionó el hecho de que el Gobierno a principios de este año haya garantizado la realización del censo y que luego lo haya pospuesto para 2024.
Para evitar el paro y ante las diferencias entre el Gobierno y los líderes de Santa Cruz sectores como la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo se han ofrecido como mediadores para propiciar un diálogo entre las partes.
En ese sentido, Calvo remarcó que la condición necesaria para un diálogo es que el presidente Arce anule el decreto que fija el censo para 2024 «para poder entrar en las mismas condiciones a una negociación».
Por su parte, el Gobierno ha insistido en que se levanten las condiciones para que se inicie un proceso de diálogo.
No obstante, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz señaló que los espacios que el Gobierno ha abierto para dialogar en realidad le han servido para «promocionar sus acciones» con sectores afines y en los que «no había la voluntad de escuchar las propuestas».
Además, Calvo mencionó que la dificultad de que la encuesta nacional sea en 2024 está en que en ese año están previstas otras actividades electorales como la elección de magistrados y las primarias nacionales.
A juicio del líder cívico, el reclamo por el censo en 2023 «es una demanda por (las) necesidades» de la población como un adecuado acceso a salud y educación y calificó como una «lucha secundaria» una futura distribución de escaños en el Paramento a favor de su región en base a los datos censales.
El Gobierno criticó a las instituciones de Santa Cruz su ausencia en la instalación de una mesa técnica, la pasada semana, que tenía la finalidad de conocer las razones por las que sería viable la encuesta nacional en 2023 y que esa inasistencia se debió a una supuesta falta de argumentos para sostener ese pedido.