Muchos de los problemas que enfrenta el Gobierno tienen su origen en una deficiente comunicación que deriva en malos entendidos y problemas reales por desinformación o mal uso de datos de dudosa comprobación. Los países bien organizados mantienen políticas de comunicación estratégica, que representan el desarrollo de procesos de planificación de la información desde su origen hasta llegar a la gente. En este sentido, la información que se comparte obedece a objetivos concretos. Esto incluye la identificación de los objetivos de comunicación, el análisis de los públicos a los que se dirige, la elección de los canales y herramientas adecuadas para transmitir los mensajes y la medición de los resultados y prever las consecuencias. En los últimos tiempos el gobierno del presidente Luis Arce se ha enredado en información política y económica, ha generado desconfianza en la estabilidad pese a la intensa propaganda que busca mostrar algunos datos positivos, como paradigmas de difícil comprensión.
Los efectos de esta situación son percibidos por la población como una deliberada intención de confundir u ocultar la realidad que la gente la ve, la siente, la sufre y la vive día a día, como es el alza en los precios, la imposibilidad de recuperar sus ahorros en dólares, la escasez de carburantes, y otros problemas diversos que se producen cotidianamente, como paros, huelgas, bloqueos de carreteras o calles y conflictos con varios sectores. A todo esto, se suma la ingobernabilidad que se ha apoderado del país debido a la destrucción de la institucionalidad, y los conflictos de poderes casi insalvables, que enfrentan al Legislativo con el Órgano Judicial y con el Ejecutivo. La desestabilización institucional tiene orígenes en la necesidad del MAS de controlar los órganos de poder, objetivo que nunca se ocultó, pero que en el afán de lograr el poder absoluto no se midieron las consecuencias, que ahora aparecen cuando la división del partido oficialista ha dejado huecos insalvables, además de enfrentamientos internos irreconciliables en los que no hay tregua posible.
En esa línea, ¿qué significado tiene el último «intento» de golpe de Estado denunciado por el Gobierno? Sin duda quedan interrogantes luego de conocerse la forma como se produjo, los anuncios previos, la preparación del ambiente, y las revelaciones del supuesto cabecilla, un militar de alta graduación que declaró que el extraño movimiento militar que llegó hasta la plaza Murillo, fue sugerido por el Gobierno. El excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, declaró que «el domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente y el presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad», relató Zúñiga. Dijo que preguntó al presidente si «¿sacamos los blindados?» y el mandatario le respondió «sacá». Aseveró que desde el domingo en la noche empezaron a bajar los blindados, seis cascabeles, seis del tipo Urutu y 14 del regimiento de Achacachi. Creer a una persona que se presta para una tramoya, es algo muy difícil.
La comunicación del Estado con la comunidad nacional e internacional debe basarse en mostrar la verdad de los valores, principios e idiosincrasia de su gente, que son los fundamentos de la Patria. Como parte de esas bases se desprenden las políticas sectoriales entre las que hay algunas muy delicadas, como la economía que se nutre de factores altamente sensibles que deben ser manejados con prudencia, como el caso de la energía, los combustibles y otros temas que para su comunicación requieren de la mayor responsabilidad, certeza y confirmación. Más delicada es aún la información sobre la seguridad integral, que nuestro país ha resignado, al extremo de que es normal hablar de la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana y la opacidad en la justicia. El tratamiento que se ha percibido en estos asuntos tan delicados durante los últimos tiempos no ha sido precisamente el mejor, mostrando debilidades en casi todos los campos de acción política, que se nutren de la información precaria. A ello se suman las indiscreciones, omisiones o inexactitudes que pueden ocasionar graves secuelas. En la actual coyuntura de escasez de diésel y gasolina, y cuando las reservas de gas y petróleo han caído a niveles preocupantes, resulta un mayor riesgo el manejo irresponsable de información sobre estos temas. De todas maneras, la poca información confiable que existe es preocupante, y agravada por los anuncios del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien dijo que el diésel ruso ya llegó al puerto de Arica. Pero el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que la voz oficial para brindar esa información es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). A su vez, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, negó que exista un acuerdo de Bolivia con Rusia para la compra de crudo, y rechazó la versión del arribo a puertos chilenos de un buque con diésel ruso para Bolivia. El ministro Montenegro explicó que la visita que hizo el presidente del Estado, Luis Arce, a Rusia fue, entre otras cosas, para que su par Vladimir Putin realice gestiones ante la Organización de Países Productores de Petróleo para que venda combustibles a Bolivia a precios preferenciales, y que no necesariamente sería carburantes de origen ruso.