El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, manifestó que ante la intencionalidad de algunos parlamentarios del MAS de pretender proteger, dar impunidad, a sus conmilitones que propiciaron actos de terror y atentado contra la vida de los ciudadanos y la salud pública, bienes del Estado, carreteras bloqueadas para no permitir arribo de oxígeno a los diferentes hospitales que atienden a personas afectadas por el coronavirus, al extremo que varias personas fallecieron por falta oxígeno, es deber del Ministerio Público, de oficio, iniciar las investigaciones pertinentes citando a quienes convocaron a dichos actitudes delictivas y ponerlos a disposición de jueces cautelares para que determinen su encarcelamiento, toda vez que los hechos son flagrantes y revisten características de delitos de lesa humanidad.
Ninguna Ley natural puede estar por encima de la Constitución Política del Estado y de los Derechos, Principios y Valores Fundamentales de las Personas, pretender impunidad para quienes aterrorizaron a Bolivia e intentaron desencadenar una guerra civil, debe tener las sanciones que estipula el código penal para sentar un precedente, para que no se repitan, porque afectan a la convivencia civilizada y al bien común.
«Quienes estamos para proteger los derechos ciudadanos, así como las organizaciones sociales, cívicas, profesionales, tenemos el deber de exigir que los administradores de justicia cumplan su obligación en defensa de la sociedad, del colectivo social, que sufrió y sufre las consecuencias funestas de los días de bloqueo, además injustificados porque la COB no defendía ninguna reivindicación sindical, sino que algunos de sus dirigentes se puso a ordenes de un partido político, por lo que sus actores deben ser procesados».
A juicio del viceministro de Santamaría, este proyecto es «inconstitucional» y pretende la impunidad de dirigentes que «incitaron el bloqueo», según un boletín del Ministerio de Gobierno.
Santamaría advirtió que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional porque «no se permitirá la impunidad», y recordó que es una norma aprobada en el anterior Gobierno de Evo Morales la que «regula la portación de armas y explosivos en contra de las fuerzas de orden y seguridad interna».
El Ejecutivo denuncia que grupos de manifestantes llevaban armas de fuego en varias partes del país.
El diputado por Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos calificó este proyecto como la «ley de la muerte» y rechazó que se intente proteger «a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad».
El jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, anunció que la Asamblea Legislativa, con mayoría de ese partido, conformará una comisión de «derechos humanos y justicia» para que investigue la situación jurídica de los detenidos en las protestas para garantizar «la objetividad e imparcialidad de las investigaciones».
Esas movilizaciones entre el 3 y el 14 de agosto estaban convocadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos de campesinos e indígenas considerados afines al MAS, en contra del nuevo aplazamiento de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.
El Gobierno denunció que causaron un perjuicio a la economía por unos mil millones de dólares, con bloqueos en carreteras que provocaron desabastecimiento de insumos médicos como oxígeno medicinal, con al menos cuarenta enfermos fallecidos, y falta de alimentos.
El Ejecutivo interpuso una demanda penal en contra de miembros del MAS como el propio Morales, que está en Argentina, y el dirigente de la COB Juan Carlos Huarachi, entre otros, por delitos como genocidio.