La informalidad en la que se desenvuelve cerca del 80% de la capacidad laboral del país representa la peor forma de trabajo, caracterizada por la injusticia social, bajos salarios, carencia de seguro social y seguridad laboral. Bolivia tiene uno de los más altos rangos de informalidad que se agravó con la pandemia. El alcalde de La Paz, Iván Arias, alertó que existe un «crecimiento desmedido del comercio informal» en la sede de gobierno, y los gremiales aprovecharon para defender sus privilegios y pedir que se controle la «competencia desleal» de los nuevos comerciantes. Este no es un problema de una ciudad. En todo el país el mundo informal se ha dado modos para lograr espacios mediante imaginativas formas de lograr ingresos, tanto en la compraventa como en los servicios. Asimismo, la carga tributaria que existe en el país, una de las más altas de la región, obligó a muchas empresas legalmente establecidas a cerrar y engrosar el campo informal.
El alcalde parece que se comprometió con la Federación de Gremiales del Comercio Minorista de La Paz, a «reordenar el comercio» de las calles. El alcalde Arias en su cuenta Twitter escribió que «La pandemia nos ha heredado un crecimiento desmedido del comercio informal que genera descontento en los ciudadanos y entre los propios gremiales». Solucionar este problema es un buen deseo del alcalde, pero si lo lleva adelante sin adoptar otras medidas alternativas para la gran masa de desempleados y comerciantes oportunistas, seguro que se verá en graves problemas. Esta es una complicación nacional que se tiene que encarar entre todos y mediante políticas económicas, sociales y fiscales, así como mediante incentivos a las inversiones nacionales e internacionales, además de otras determinaciones imaginativas que permitan lograr asimilar a los emprendedores que operan fuera del sistema, y a ese 80% de trabajadores abandonados a su suerte.
A propósito de este tema, el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó interesantes iniciativas sobre este tema, y en su programa «BID, Ideas que cuentan» publicó un análisis de Eduardo Carvallo, que resume algunos modelos que pueden servir de base para estudiar opciones. Cita el Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 del BID, que incluye recomendaciones para reducir los déficits que dejó la secuela de la covid-19, y lograr la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Considera que una de las recomendaciones más importantes consiste en una campaña frontal contra la informalidad laboral, la cual afecta a más de la mitad de la fuerza laboral de la región y ha perjudicado económicamente tanto a los trabajadores como a las economías durante décadas. Explica que la informalidad, la condición de ser autónomo o de trabajar para empresas que no se registran ante las autoridades ni pagan impuestos, hace que los trabajadores se vean privados del seguro de salud y de las pensiones contributivas, así como de la protección a través de las regulaciones laborales. Para los gobiernos, la informalidad supone, por un lado, una mayor evasión por parte de empresas y particulares y, por el otro, una menor capacidad para focalizar las transferencias sociales, dos de las mayores fuentes de ineficiencia de la política fiscal y, por tanto, agravantes de los problemas de sostenibilidad fiscal.
Hace referencia a la recomendación del BID para que los gobiernos promuevan la digitalización de las transacciones y registros. Por ejemplo, en colaboración con los bancos y otras entidades, los gobiernos pueden generar incentivos para que más transacciones comerciales se canalicen a través de las tarjetas de crédito y débito. Estas transacciones generan un registro automático que, a su vez, puede vincularse de manera segura con los datos sociales, de ingreso, consumo, patrimonio y propiedad de los consumidores. Los gobiernos pueden utilizar esos datos para reducir la evasión fiscal y orientar las transferencias a los pobres.
Sugiere también un impuesto negativo sobre la renta, similar al sistema de Crédito por Ingreso del Trabajo en Estados Unidos (EITC por sus siglas en inglés), Estos programas, recompensan la formalidad, ya que los pagos (créditos tributarios) no se reducen a cero si el trabajador opta por un empleo formal, sino que el beneficio se reduce gradualmente a medida que el ingreso aumenta, garantizando que la recompensa de trabajar formalmente (salario formal más transferencia o crédito) sea siempre mayor que la de trabajar informalmente. Y lo que es más importante, dichos programas solo cuestan una fracción de alternativas como, por ejemplo, el salario básico universal.
Propone reconfigurar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que sea verdaderamente progresivo. En la actualidad, el IVA es pagado por todos los consumidores, independientemente de sus ingresos, y en ocasiones se exime del gravamen a los alimentos u otros productos esenciales, con el objetivo de favorecer a los pobres. La clave de un sistema más eficiente radica en aplicar el impuesto sobre el valor agregado a todos los productos de manera uniforme y luego devolverlo a los pobres. Los posibles beneficiarios de una devolución del IVA probablemente exigirían recibos de sus compras, lo que crearía un incentivo adicional para formalizar las transacciones. Entre otras sugerencias cita la necesidad de contar con instituciones fiscales creíbles que garanticen la equidad.