La delicada situación política, social, económica y de salud que enfrenta el país obliga a decisiones idóneas para encontrar una salida que haga posible preservar el proceso democrático, responder ante las urgentes necesidades de la población y enfrentar la crisis, que será muy dura de acuerdo a las proyecciones.
Las estimaciones tanto de organismos internacionales como de instituciones nacionales coinciden en los pronósticos que pueden ser devastadores, si no se adoptan medidas urgentes. La grave situación obliga a decisiones oportunas, pero desgraciadamente la inminencia de las elecciones y la ambición política avivan la inquina partidaria que no mide consecuencias.
Las fuerzas políticas deberían hacer suya la preocupación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en su último informe advierte que la pandemia del coronavirus (COVID-19) impacta a las economías de la región a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930.
La paralización de la economía global repercute en la vida cotidiana de nuestro país, que es uno de los menos preparados para afrontar la emergencia sanitaria. Los partidos políticos y las alianzas tienen su mirada en las postergadas elecciones. Diferentes tiendas partidarias, así como dirigentes y parlamentarios han expresado la necesidad que se fije un nuevo calendario electoral.
Diputados del MAS informaron que en la Asamblea Legislativa se había previsto derivar el proyecto de ley, para fijar nueva fecha de las elecciones, a la Comisión Mixta de Constitución, precisamente hoy, jueves. En esta sesión –si se efectúa- se tiene previsto analizar el planteamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La presidente del Senado Eva Copa, en declaración pública, dijo que se está evaluando el proyecto que envió el TSE, pero que las elecciones presidenciales deben realizarse lo antes posible, “por lo cual el Gobierno de transición no puede prorrogarse”. Recordemos que el TSE propuso que se analicen las condiciones del país para ver si es posible que las elecciones generales se desarrollen en una fecha a definir en consenso, entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. Inicialmente, el MAS dijo que no se analizaría la propuesta porque el país estaba preocupado por el coronavirus.
Esta posición se la atribuyó a las instrucciones que ese partido recibe desde Argentina y que siguen sin analizar. Pero en las últimas horas, el «refugiado» tocó el tema y manifestó que el coronavirus le cayó «como anillo al dedo a la derecha» para que se pueda postergar la realización de las elecciones… «Un gobierno de transición lo más antes posible tiene que garantizar las elecciones», afirmó.
Inmediatamente, el MAS cambio de dirección y ahora apura el tema. El diputado Henry Cabrera explicó que la ley debe aprobarse antes del 3 de mayo, debido a que existe un calendario definido. Asimismo, el diputado (asilado en la embajada de México) Víctor Borda de ese partido, considera que la Asamblea Plurinacional debe convocar al Órgano Electoral y a los diferentes actores políticos para que se defina la fecha de las próximas elecciones presidenciales. La elección la define una ley a sugerencia de un criterio técnico del Órgano Electoral, pero quien define la elección en base a criterios técnicos es la Asamblea Plurinacional, dijo el parlamentario.
La situación se torna confusa y parece una tramoya para entrampar el sistema democrático por la falta de decisiones ya que la última en torno al tema fue el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que determinó el 21 de marzo pasado, suspender por 14 días la ejecución del calendario electoral, que había previsto elecciones para el 3 de mayo. En ese momento, Salvador Romero, explicó que la nueva fecha será consensuada con las fuerzas políticas del país, hasta la fecha no hay iniciativa alguna para buscar un acuerdo, lo que preocupa a las instituciones democráticas, por el riesgo de que el MAS decida por su cuenta, al tener la mayoría de votos en la A LP.
La democracia efectivamente tiene en las elecciones a una de sus principales herramientas, pero es necesario preservar la pureza de los comicios y el respeto a la voluntad ciudadana. Las decisiones que conciernen a todo el país no pueden ser encomendadas a una tienda política que ha dado suficientes muestras de haberse alejado de la ciudadanía, de haber traicionado los intereses del país, violentado la Constitución Política del Estado y perpetrado «un descomunal fraude electoral» de acuerdo al informe de observadores de la Organización de Estados Americanos.
La preservación de los derechos constitucionales, garantías y libertades, ha calado profundamente en el pueblo boliviano, que ha demostrado que está dispuesto a defender con su vida estos principios que son la base de la democracia y exige el cierre del parlamento, basta ver las redes sociales cada día se multiplica y viraliza el pedido de cerrar la Asamblea Legislativa.