Los servidores públicos deben contribuir a generar confianza de manera que la población se sienta que tiene un gobierno responsable con decisiones firmes, de manera que la pandemia del coronavirus, pueda tornarse en una experiencia para demostrar que el pueblo unido puede recuperarse y revertir la actual situación de pánico justificable desde el punto de vista de un virus con características aun no descifrables por los investigadores científicos del mundo.
El difícil trance que vive la humanidad, del que Bolivia está sintiendo sus efectos, tiene una serie de connotaciones que los gobiernos de diferentes países encaran de acuerdo a pautas generales, y en algunos casos de visiones particulares. Nuestro país no es ajeno a esta realidad y junto con las recomendaciones de previsiones emanadas de la OMS y la OPS -como la cuarentena- así como la experiencia de los países más afectados, internamente adopta medidas en unos casos estrictas, para evitar que algunas personas o militantes de partidos ultras, se resistan a las disposiciones sanitarias incurriendo en incumplimiento a la Ley y poniendo en peligro la salud pública.
La actitud de transgredir el aislamiento que impone la cuarentena pone en riesgo a toda la comunidad. El Ministerio de Justicia advirtió con cárcel a las personas que incumplan con la cuarentena, por lo que recomendó a la ciudadanía respetar las instrucciones de contención y prevención contra el coronavirus. Pero una advertencia de esta naturaleza, debe ir acompañada de acciones. El artículo 216 del Código Penal (Delitos contra la salud pública) señala «que las personas que propagaren enfermedades graves o contagiosas u ocasionaren epidemias y que realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población, pueden recibir una pena de cárcel de uno a 10 años».
El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, anunció que iniciarán procesos penales a las personas que infrinjan las disposiciones que rigen en el país para frenar la propagación del coronavirus. Señaló que la denuncia la puede interponer cualquier ciudadano boliviano. Lamentablemente, desde que se implantaron las restricciones, centenares de personas y vehículos fueron detenidos y retenidos en varias ciudades del país. Varios alcaldes y organizaciones sociales han pedido ya que se apliquen medidas de excepción como lo hicieron otros países donde hasta se determinó el toque de queda. Al mismo tiempo que se debe hacer cumplir las leyes y recomendaciones, también es necesario dar ejemplo de trabajo y eficiencia; dotar a los centros hospitalarios de los medios necesarios y a las fuerzas del orden de los recursos imprescindibles. La cantidad de respiradores que hay en el país es insuficiente para la emergencia que se viene. Para la «tormenta que podría desencadenarse» como advirtió un funcionario de salud de Santa Cruz. Ya se debió negociar con las clínicas privadas un acuerdo para la atención a los enfermos en general.
En otras palabras, se tiene que sentar las bases para que se logre lo que ahora se llama resiliencia frente a una catástrofe. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de situaciones traumáticas extremas. Busca aprovechar la confluencia de factores que permiten la adaptación positiva a experiencias adversas, y lograr que se revierta la situación para salir adelante.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la resiliencia, explica que personas de todo el mundo están cada vez más expuestas a peligros de carácter natural y efectos provocados desde desastres naturales, epidemias y conflictos, hasta turbulencias en los mercados y crisis prolongadas. La preparación para las emergencias es vital. Al ayudar a los países a crear o fortalecer los sistemas de alerta temprana y reducción de riesgo, la FAO se asegura de que aquellos que son más vulnerables, como la población rural pobre, estén más preparados para las crisis. Las personas con medios de vida resilientes están mejor capacitadas para prevenir y reducir el impacto de desastres en sus vidas, señala.