La exgerente de la red televisiva PAT, Ximena Valdivia, investigada por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, se acogió al derecho del silencio en su declaración ante el Ministerio Público, informó el fiscal Samuel Lima, que indaga sobre los depósitos de dinero a las cuentas de la televisora entre los años 2002 y 2003.
«Como estaba previsto la citación era precisamente para que preste declaración informativa en calidad de sindicada, pero la señora Ximena Valdivia, se acogió al derecho constitucional de guardar silencio», acotó el fiscal.
De acuerdo con Lima, el objetivo de la declaración era para desvirtuar o enervar las hipótesis de las denuncias contra la denunciada y conforme avanza la investigación se analizará si corresponde o no el requerimiento de imputación.
La investigación se basa en documentos difundidos por el periodista Emilio Martínez, quien divulgó los depósitos para sustentar la versión de que Carlos Mesa habría «vendido» su candidatura vicepresidencial con el MNR, a cambio de dinero para PAT.
En el marco de la etapa preliminar de la investigación aún se colectan elementos e indicios que se suman a los testimonios de los tres testigos que mencionaron que la exgerente de PAT instruyó, en esa época, los depósitos de dinero a cuentas de ese medio televisivo.
Según el fiscal, estos testimonios son de funcionarios que trabajaron en esa red televisiva y realizaron varios depósitos de montos altos de dinero entre el 2002-2003.
Entre las evidencias mencionó que el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) corroboró los depósitos de sumas altas de dinero a cuentas de PAT.
Lo que investiga el Ministerio Público es la procedencia de los 800.000 dólares que fueron a dar a la cuenta bancaria de PAT, apuntó.
Para establecer la procedencia de ese dinero, añadió que requirieron informes de las empresas que presumiblemente tuvieron contratos por varios servicios de publicidad y otros.
Comentó también que la defensa de la denunciada presentó un memorial que interpone ante el control jurisdiccional el incidente de actividad procesal defectuosa.
Lima aseguró que ese incidente debe ser resuelto por el Tribunal de Justicia de La Paz en plazo de tres días y luego notificar a la Fiscalía si procede o no la prescripción del proceso.
Según el abogado de la exgerente de PAT, Carlos Alarcón, su defendida asumió tal medida, el derecho al silencio, «porque revisamos el cuaderno de investigación que nos facilitó el mismo fiscal y el gran problema de la investigación es que no existe una hipótesis de delito que pueda guiar esta investigación».
Agregó que «lo que está haciendo el fiscal es tratar de investigar para formar un criterio sobre cuál sería el delito atribuido, cuando ese delito no existe».
«Se está procediendo al revés», dijo Alarcón quien añadió que algunos de los testigos señalaron que había empresas que contrataban servicios de publicidad y se depositaba en efectivo a las cuentas de PAT.
Alarcón dijo que las investigaciones del fiscal se basan en pruebas colgadas en internet por el uruguayo-boliviano Emilio Martínez, quien según el abogado estaría actuando más como operador político que como verdadero historiador.
«No hay una secuencia lógica con las acciones que está siguiendo, debería resolver primero la denuncia de Valdivia», cuestionó Alarcón Mondonio en relación al fiscal Lima.