El Gobierno boliviano decidió postergar hasta 2021 el paso de la administración de los fondos de pensiones de las actuales empresas privadas a una gestora estatal por problemas técnicos informó ayer una fuente oficial.
La llamada Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo debía empezar a administrar los fondos de pensiones a partir de esta jornada, pero la firma Sysde, contratada para desarrollar el software de la entidad estatal, no concluyó el trabajo, informó a los medios el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
Según Arce, Sysde debía entregar «83 productos de software con 890 adecuaciones normativas operativas del sistema y tenía que migrar el 100 por ciento» de la información de las dos administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas que operan actualmente en el país «a un solo sistema donde estén los datos».
«De los 83 productos que se le pidió a Sysde, entregó a satisfacción de la gestora 28 productos, es decir el 34 por ciento», señaló el ministro.
En cuanto a las adecuaciones normativas requeridas, explicó que la empresa ha avanzado solamente con el 8 por ciento, si bien la migración de datos ya ha alcanzado a más del 90 por ciento de los 2,2 millones de asegurados que tiene el actual sistema de pensiones.
«Todo este trabajo que se estaba haciendo no está en un cien por ciento y no podríamos estar saliendo el 1 de abril como lo que quisiéramos, una gestora pública que dé un servicio mucho más allá de lo que hoy prestan las AFP», justificó.
Por ello, el Ejecutivo emitió un decreto que amplía en 30 meses el plazo para que la empresa entregue el software y la gestora pública asuma la administración de los fondos de pensiones.
La norma fue consensuada con la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, cuyos dirigentes comparecieron en la rueda de prensa junto a Arce.
Los fondos de pensiones de los bolivianos son administrados actualmente por las AFP Futuro de Bolivia y Previsión, esta última filial de la española BBVA.
El Gobierno de Evo Morales aprobó en 2015 el decreto de constitución de la gestora pública de pensiones y en septiembre de 2017 emitió otra norma que pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019.
Según Arce, la gestora ya está en funcionamiento pues administra desde el año pasado el pago de la «Renta Dignidad», un subsidio mensual que beneficia a mayores de 60 años, además de las inversiones que se hacen con los recursos de un tributo a los hidrocarburos para pagar el citado bono.
Las autoridades evalúan si aplicarán alguna sanción a Sysde por las demoras sufridas, indicó.
El ministro aseguró que actualmente un «gran parte del trabajo que hacen las AFP» es manual, mientras que con la gestora estatal se busca que «todo ese proceso esté automatizado» para que la atención al público «sea mucho más personalizada» y mejor.
«Nueva farsa»
El secretario ejecutivo de la Confederación de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones, Mario Delgado, calificó de «nueva farsa» del gobierno el nuevo plazo de 30 meses para el inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
«Para nosotros esto significa que esta instancia con las AFP va a tener que continuar en piloto automático, que determina que nuestros aportes y sus rendimientos sigan decreciendo (…), este es un engaño, es una nueva farsa», apuntó.
De otra parte, Delgado sostuvo que al margen del tema de la gestora, los jubilados del país tienen un pliego petitorio, 2018-2019, «que hasta la fecha no ha sido ni siquiera tocada por el gobierno, al margen de dos notas muy despectivas y superficiales» que recibieron como respuesta.