Un juzgado de Bolivia envió a prisión a cuatro policías, una vocal judicial y el esposo de ésta dentro de las investigaciones por las supuestas irregularidades cometidas por un consorcio de jueces, agentes y fiscales liderado por un abogado que torturaba a litigantes, informó ayer una fuente judicial.
El Juzgado Segundo Anticorrupción y Violencia Contra la Familia, dispuso la detención preventiva de la vocal Anawella T.P. y de su esposo, Clever T.Q., en el penal de San Sebastián, en la región central de Cochabamba, indicó la Fiscalía General del Estado en un comunicado de prensa.
Los cuatro policías, identificados como Carlos P., Jorge T.T., Hugo M.D. y Adolfo S., fueron enviados a distintas cárceles en Cochabamba para evitar que se mantengan en contacto y obstaculicen las investigaciones, según la nota.
En el caso de Carlos P. se determinó su detención en el penal de San Antonio; Jorge T.T. fue remitido al penal de San Pablo de Quillacollo; Hugo M.D. fue trasladado a la cárcel de San Pedro de Sacaba; y Adolfo S. fue conducido hasta el penal de Arani.
Otros supuestos implicados en el caso, el fiscal Mauricio O.G. y el vocal judicial Nelson P.A., deberán cumplir arresto domiciliario bajo custodia policial y pagar fianzas, además de tener prohibido salir del país y contactarse con otros vinculados en los hechos, entre otras restricciones.
En el caso del fiscal Mauricio O.G. se determinó detención domiciliaria sin derecho a trabajo y con custodio policial, además de otras restricciones disponiéndose entre ellas el arraigo del mismo, una fianza económica de 50.000 bolivianos, así como la prohibición de acercarse a la Fiscalía, comunicarse con funcionarios del Ministerio Público y con testigos o partícipes del hecho.
«Se ha dado curso a la petición del Ministerio Público determinando la detención preventiva de seis de los imputados y para uno de la detención domiciliaria, se ha dado curso a los elementos fundamentales que fueron expuestos por el Ministerio Público», señaló el fiscal de materia, Ricardo Arellano.
La fiscal Faridy Arnez señaló que las investigaciones continuarán y que estarán atentos al resultado de las apelaciones presentadas por la defensa de los imputados.
Las ocho personas son investigadas por sus supuestos vínculos con un consorcio criminal encabezado por el abogado Jhasmani T.L. que fue grabado al torturar, extorsionar y amenazar de muerte a litigantes para obligarles a pagar deudas.
El caso se destapó esta semana después de que se difundieran unos videos en los que se ve el accionar del abogado, que ya enfrenta dos procesos penales iniciados por su padrastro y un mecánico que fueron víctimas de su violencia y extorsiones.
Por uno de estos procesos, Jhasmani T.L. fue encarcelado preventivamente en noviembre en la prisión cochabambina de El Abra, aunque hace unos días fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, tras descubrirse que seguía operando desde la prisión en Cochabamba.
Las autoridades bolivianas han calificado de «muy grave» el caso pues el abogado logró establecer una estructura que operaba bajo la lógica de una mafia y cuyo poder logró extenderse hasta la Policía y el órgano judicial, llegando a «contaminar» varios procesos.
Detención domiciliaria para Nelson P.A.
La jueza Carmen Ticona determinó otorgar la detención domiciliaria para el vocal César Nelson P.A., implicado al caso consorcio del abogado torturador, Jhasmani Torrico en Cochabamba.
El vocal Nelson P. A. deberá cumplir la detención domiciliaria y custodio policial, además de otras restricciones, entre ellas arraigo, una fianza de 70.000 bolivianos y se le prohibió acercarse al buffet de Jhasmany T. L. así como con los partícipes del hecho.
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que fue detenido el pasado viernes por la Policía en Chuquisaca, está sindicado de estar presuntamente vinculado a la organización criminal dirigida por el abogado Torrico.