Comunidad Ciudadana (CC) propuso una reforma parcial de la Constitución para dar lugar a un cambio en la administración de Justicia mediante la designación de nuevas autoridades en ese órgano.
La propuesta fue presentada a los medios por el diputado de CC Carlos Alarcón, quien criticó que la Justicia y la Fiscalía estén actuando de forma «selectiva» y con una «velocidad supersónica» para favorecer a exautoridades del anterior Gobierno de Evo Morales y procesar a los detractores del exmandatario.
«La mejor forma de pacificar y reconciliar a los bolivianos es un cambio total del sistema de Justicia que tiene que pasar necesariamente por una reforma inmediata parcial a la Constitución en el mecanismo y la forma de designación a las altas autoridades judiciales y fiscales del país», sostuvo Alarcón.
La Constitución vigente desde 2009 establece la elección de altos cargos en el Órgano Judicial mediante el voto popular, aunque los postulantes son preseleccionados en el Legislativo.
La gestión de las autoridades elegidas en estos comicios es por seis años, según la Carta Magna.
Las últimas elecciones judiciales en Bolivia fueron el 3 de diciembre de 2017, por lo que la gestión de los actuales magistrados concluye en 2023.
Los opositores al entonces Gobierno de Evo Morales promovieron el voto blanco o nulo en aquellos comicios al considerar que los jueces elegidos no serían imparciales porque los candidatos fueron preseleccionados por un Parlamento controlado por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Alarcón recordó que en aquellos comicios el 60 por ciento de los votos fueron nulos o blancos, por lo que consideró necesario que haya voluntad política para hacer la reforma propuesta y cambiar lo antes posible a los actuales «operadores de las altas esferas judiciales».
Con una reforma constitucional «parcial» y «específica», se tendrían nuevos operadores «que respondan a un verdadero sentido de independencia, de alta calidad y capacidad profesional, de trayectoria intachable e impecable, tanto de vida como de ejercicio profesional», apuntó.
Para lograrla, será importante un consenso entre el MAS, CC y Creemos, la otra fuerza política con representación parlamentaria, pero además una «alianza estratégica» con el Gobierno y la sociedad civil organizada para que “la bolivianidad en su conjunto” pueda elegir a los mejores jueces, indicó Alarcón.
El domingo el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que la independencia judicial «está garantizada» y que desde el Ejecutivo se dan «plenas garantías» a los administradores de justicia para cumplir su labor.
La independencia judicial ha sido uno de los aspectos que se ha cuestionado en la gestión de Evo Morales y que también ha valido críticas contra el periodo de transición de la expresidenta interina Jeanine Áñez.