Con la sensación de haber reencontrado la vía del diálogo sobre el censo, se está abriendo un nuevo escenario en el país que implica recuperar el tiempo perdido, trabajar más que nunca y buscar mecanismos que, de alguna manera, reparen los daños ocasionados por los agravios mutuos entre Santa Cruz y el Gobierno central, entre el oficialismo y la oposición, e inclusive, en el propio seno del gobierno y del Movimiento Al Socialismo. Se han abierto heridas difíciles de aliviar que dejarán una secuela de nuevos problemas. Pero, además, se tendrá que redoblar esfuerzos para solucionar otros conflictos que fueron desatendidos, y hasta agravados, con otros sectores y actividades de la vida nacional.
De todas maneras, el acuerdo alcanzado en la Comisión legislativa, y la posterior conciliación en la Cámara de Diputados, abrió las vías de solución sin que quedaran plenamente contentas las partes en el conflicto del censo, pero logrando ser factor de un arreglo y no componente del problema, como casi siempre. Lo cierto es que rara vez han surgido iniciativas y mecanismos de armonización dentro del Órgano Legislativo, que en todo caso se ha caracterizado por ser un pasivo espectador de las decisiones que se adoptan en otros centros de poder, como los partidos y especialmente del Órgano Ejecutivo. Los legisladores han limitado su actuación y se han convertido en simples instrumentos para levantar las manos en la aprobación de leyes, proyectos u otras medidas, determinadas casi siempre en otras instancias, incluidas en el exterior del país.
Aunque tardíamente, fue entre los diputados que se tramitó la solución, y el nuevo titular de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, garantizó la aprobación de la Ley del Censo y también afirmó que el presidente del Estado, Luis Arce, promulgará la norma. Naturalmente que para que efectúe semejante afirmación, debió tener la aquiescencia (o instrucción) del Ejecutivo. Inclusive aseveró que existía predisposición de su homólogo de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, de dar luz verde a la nueva ley del censo.
Seguramente contribuyó a la solución, la posición asumida por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que había llegado a la conclusión, -ya la noche de este miércoles- de que no es posible la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023 y por lo tanto existía una implícita aceptación de la fecha fijada por el gobierno, para que se realice en 2024. Reconoció que no era ningún secreto que había sostenido encuentros con el Presidente del Senado. Dijo que «como Gobierno nacional, hemos tomado contacto con nuestros senadores, hemos conversado con varios de ellos para que se pueda dar curso a la ley». Aunque los representantes cruceños han reiterado que esperarán la promulgación de la ley para levantar el paro, en los hechos paulatinamente se están reactivando las actividades en el departamento oriental. De todas maneras, se ha distendido el ambiente, que debe dar paso a una imprescindible múltiple labor no solamente para retomar la actividad productiva, sino para acelerar el proceso de preparación del censo y que el gobierno central se ocupe de solucionar una serie de temas pendientes que van desde las medidas precautorias por el incremento de casos de las nuevas variantes de coronavirus, y también ocuparse de otros males que amenazan la salud de la población; solucionar el conflicto de los cocaleros de los Yungas, los reclamos de los campesinos de Achacachi, demandas de indígenas de las tierras bajas, y prestar atención a los reclamos de Potosí, que de continuar pendientes, pueden derivar en un problema mayor.
También, hay una serie de demandas y necesidades regionales que las gobernaciones y municipios deben encarar, a lo que se suman problemas que atañen a todos los bolivianos, como el estado del sistema judicial. Sobre esta cuestión hay una oportunidad con el proyecto que será llevado a la consulta nacional y a un referendo, que debiera ya ser una de las prioridades del Estado. Entre otros muchos asuntos de importancia que están pendientes de una atención responsable, figura sin duda la lucha contra el narcotráfico, que ha pasado de ser una batalla perdida, a una derrota que parece dar la razón a los que califican a la situación como la presencia de un narcoestado en el que la impunidad se impone. Es necesario que se adopten medidas efectivas para combatir este flagelo que distorsiona la economía nacional, daña a la sociedad, y que ha puesto una mirada preocupante de la comunidad internacional sobre Bolivia.