La fuerza opositora Creemos pidió al relator de la ONU sobre la tortura que realice una «solicitud de una acción o llamamiento urgente» que garantice la protección de la activista española Amparo Carvajal, quien está desde hace una semana en la terraza de un predio de derechos humanos que busca recuperar.
Los legisladores de Creemos difundieron este martes la nota enviada al relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, junto a un formulario para solicitud de acción urgente.
«La urgencia de la presente solicitud se justifica por la vigilia que realiza la señora María Amparo Carvajal por más de 43 días, como medida de protesta pacífica para recuperar la sede de la Asamblea (Permanente de Derechos Humanos de Bolivia) que preside y que le ha sido arrebatada de forma arbitraria, siendo adulta mayor y padecer enfermedades graves», señala la carta.
Este llamamiento urgente es en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por «hechos que configuran tratos crueles e inhumanos cometidos por el Gobierno de Luis Arce en contra de la mujer, adulta mayor y defensora de derechos humanos», indica.
Los opositores explican que se ejerció «violencia psicológica» en contra de Carvajal, quien estuvo en vigilia por más de 40 días en la puerta trasera de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y hace una semana la activista de 84 años subió por una escalera hasta la terraza del lugar, donde no tiene acceso a servicios básicos.
«La víctima no se encuentra privada de libertad, sus condiciones personales y el contexto donde se desarrollan las agresiones, advierten una situación de vulnerabilidad acentuada por el hostigamiento que ejercen personas afines al Partido de Gobierno», recalca la carta.
Estas personas, agrega la nota, «con apoyo de las instituciones estatales» han «arrebatado» a Carvajal «no sólo la presidencia» de la Apdhb, «sino también el edificio sede de la entidad «exponiendo un trato cruel e inhumano».
El conflicto es entre las facciones de Carvajal y Édgar Salazar, un activista boliviano señalado por tener afinidad con el oficialismo, que asevera que tiene los derechos sobre el inmueble y la representación legal de la institución, porque fue elegido en diciembre de 2021, una elección desconocida por los sectores que apoyan a la española.
El pasado 2 de junio, el sector dirigido por Salazar echó a los activistas que se encontraban en la Apdhb y tomó la sede, que desde entonces se encuentra con custodia policial.
La Defensoría del Pueblo informó que no se logró concretar un «diálogo» para solucionar el conflicto y que realizó 40 acciones, entre visitas médicos, requerimiento de informes, entre otros, para «viabilizar una solución» a esta situación.