La obligación de comprometerse por escrito o verbalmente a renunciar a la titularidad en los legislativos regionales o concejos municipales al cumplir media gestión fue identificada por la Defensoría del Pueblo como una nueva forma de acoso político contra mujeres que fueron elegidas como autoridades en las urnas.
Esta constatación es parte del informe «Obligadas a renunciar. Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: vulneración a los derechos políticos de las mujeres», presentado este martes por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Callisaya destacó las normas vigentes que permitieron una mayor participación de las mujeres en la política, pero también identificó elementos como los llamados Compromisos Forzosos de Gestión Compartida (CFGC) que «debilitan» la posibilidad de profundizar la presencia femenina «en la construcción del escenario democrático».
Según el informe de la Defensoría, estos CFGC están destinados a forzar la renuncia de mujeres asambleístas regionales o concejalas titulares antes de cumplir su mandato para que sus suplentes, que mayormente son hombres, asuman el cargo por el periodo restante.
La institución estableció que estos compromisos vulneran los derechos políticos de las mujeres y cuestionó que en algunos casos sean las mismas organizaciones políticas y algunos movimientos sociales los que «promocionan» estos mecanismos, lo que hace que se mantenga la «lógica patriarcal y machista en el ejercicio del poder».
La Defensoría evidenció que no hay mecanismos ni parámetros para regular o sancionar los CFGC y que incluso en algunos lugares se usan cartas «modelo» para que las mujeres autoridades renuncien irrevocablemente a sus puestos y asuman sus suplentes.
Según el defensor, «todavía hay una tolerancia por parte del Estado en cuanto al uso de estas prácticas», pues se constató que en algunos casos se elaboran «poderes especiales» avalados por notarios de fe pública para «operativizar una renuncia incluso al margen de la autoridad titular».
Recomendaciones y datos
Callisaya consideró «importante» modificar la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política vigente en el país desde hace más de una década «para incorporar» estos compromisos como una forma de violencia política hacia las mujeres.
La Defensoría también recomendó al órgano Electoral reforzar los mecanismos de detección de casos de acoso y violencia política al momento de recibir renuncias de mujeres autoridades, teniendo en cuenta que este año se llegó a la mitad de gestión en las instancias subnacionales.
La institución realizó su informe en base a datos recolectados entre agosto y octubre de 2022 en los nueve legislativos departamentales y en 96 concejos municipales, con encuestas a 326 mujeres autoridades.
Callisaya también hizo un repaso de los datos sobre denuncias de acoso y violencia política que manejan entidades como la Defensoría, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol).
Mencionó que, por ejemplo, la Fiscalía registró 515 casos entre 2012 y octubre de 2022, de los que sólo dos cuentan con sentencia condenatoria, mientras que los demás están «en curso de tramitación» o las víctimas terminaron desistiendo del proceso.
Uno de los casos emblemáticos que dio lugar a la ley 243 y que hasta ahora no halla justicia fue la muerte violenta de la concejala Juana Quispe, hace 11 años.