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sábado, julio 24, 2021
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Del Castillo acusa al Gobierno de Macri de «tráfico de armas» en 2019 y vincula a EEUU

El Gobierno acusó este lunes al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez y a dos excomandantes por «tráfico de armas» en el caso del material antidisturbios que al parecer llegó desde Argentina en la crisis de 2019, la que presuntamente fue alentada por Estados Unidos.

«Lo que ha cometido el señor Yuri Calderón, excomandante de la Policía Boliviana, el señor Jorge (Gonzalo) Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, y el exembajador de Argentina en Bolivia es tráfico de armas», aseveró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una declaración a los medios en La Paz.

El ministro hizo esa aseveración tras una exposición en la que también estuvo presente el actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, y el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.

Material legal e irregular

El inicio, según Del Castillo, fue una nota diplomática que Álvarez envió a la Cancillería pidiendo «la autorización de ingreso» al país de personal, material y equipamiento de una unidad especial de la Gendarmería Argentina el 13 de noviembre de 2019, horas después de que asumiera el mando interino del país la expresidenta Jeanine Áñez.

«Hay dos tipos de materiales que ingresaron ese 13 de noviembre al país, uno de manera legal, que fue autorizado con nota previa para la Cancillería y otro con armamento antidisturbios que no fue autorizado», señaló el ministro boliviano.

Parte de ese material fue a la residencia de la embajada de Argentina en La Paz y otro tanto a la Policía y las Fuerzas Armadas «sin ningún tipo de documentación», mencionó.

Además de otra cantidad «que aún se encuentra en investigación», señaló el ministro sobre el material que el Gobierno cree que se usó en Sacaba y Senkada, donde unos días después una veintena de civiles murió en protestas contra el Ejecutivo interino.

En su informe, Del Castillo mencionó que en depósitos de la Policía se hallaron 26.900 cartuchos de perdigón de goma, varias unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4, granadas de gas CN, H y CS 2, además de tipo béisbol, que estaban guardadas como otro material.

Del Castillo asoció esto con un «tráfico ilícito de armas» que está penado en Bolivia con hasta treinta años de presidio y que por ello «presentará la denuncia correspondiente» contra miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, además, «del cuerpo diplomático» que trajo esa carga «ilegal».

Un «plan continental»

El ministro de Gobierno relacionó este hecho, por el que se acusa a la Administración del expresidente argentino Mauricio Macri de estar involucrado con la operación que se efectuó el 15 de noviembre de 2019, cuando llegó a Bolivia una carga similar otorgada por el Gobierno ecuatoriano.

Del Castillo asoció estos hechos con las llamadas masacres de Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto el 16 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, cuando las «municiones extranjeras» estaban en Bolivia.

Bolivia vivió una crisis política y social tras las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto «golpe de Estado».

«Hasta aquí podemos ver de que había un plan continental para reprimir al pueblo boliviano», aseguró.

El funcionario estableció, además, una relación con un supuesto «manual» para un «golpe de Estado» que, a su juicio, salió a la luz cuando el 24 de julio de 2019 el entonces secretario adjunto del departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin O’Reilly, se refirió a un «fraude electoral sin pruebas» tres meses antes de los comicios anulados de ese año.

Incluso, Del Castillo mencionó que el funcionario estadounidense llegó a Bolivia y «se reunió con personeros de la embajada de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la Unión Europea» para «insinuar la posibilidad de un fraude en Bolivia».

La idea de que la crisis de 2019 fue un «golpe de Estado» ha derivado en una investigación por la que exfuncionarios como la expresidenta interina Áñez, dos de sus exministros y varios exjefes militares están en prisión acusados por delitos como terrorismo, sedición y conspiración.

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