El Movimiento al Socialismo (MAS) impuso su mayoría para aprobar en el Parlamento el reglamento y la convocatoria para la elección de altos cargos del poder Judicial, cuyas dos versiones anteriores fueron cuestionadas por sus resultados con mayoría de votos nulos y blancos.
Las normas se aprobaron por la mayoría oficialista y después de que el vicepresidente del país y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, declarase que hubo «suficiente discusión», pese a las airadas protestas de parlamentarios opositores.
El reglamento y convocatoria aprobados fueron propuestos por el MAS y no tuvieron en cuenta las propuestas formuladas por las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
En la actual legislatura, el oficialismo tiene mayoría en el Parlamento, pero no los dos tercios que serán requeridos para la preselección de postulantes.
La senadora oficialista Patricia Arce, presidenta de la Comisión Mixta de Constitución que trató inicialmente las normas aprobadas en la víspera, aseguró a los medios que se intentó hacer una convocatoria «consensuada» entre las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo, lo que finalmente no ocurrió.
Arce justificó que no se tuvo en cuenta la propuesta de CC para que una comisión de expertos independientes apoye la preselección al considerar que se estaría delegando a otros la función constitucional del Legislativo de escoger a los postulantes a los comicios judiciales.
La parlamentaria invitó a postular a los profesionales que «cumplan las exigencias y los requisitos» para presentarse al proceso, de forma que se tenga «la mayor cantidad de postulantes y entre ellos escoger a los mejores hombres y mujeres para poder administrar la justicia en Bolivia que tanto está siendo cuestionada por todos».
Críticas opositoras
El diputado Carlos Alarcón, de CC, denunció este martes que el reglamento aprobado por el «rodillo» oficialista en el Legislativo fue hecho «a medida para que ganen la elección judicial los postulantes afines al MAS».
Alarcón cuestionó que el documento señale que la comisión mixta que verificará los requisitos de los postulantes comprobará solamente dos de entre 7 a 15 obligaciones estipuladas en el reglamento.
Los requisitos que se verificarán son el tener ocho años de experiencia profesional y acreditar al menos un curso de formación especializada en el área del cargo al que aspira, y no así el no tener militancia política, dijo el parlamentario.
También criticó que el oficialismo permita que los actuales magistrados de un tribunal puedan volver a postular a cargos en otras cortes.
Elecciones cuestionadas
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en el Legislativo.
En las primeras elecciones judiciales de 2011 hubo una gran cantidad de electores que votaron nulo y blanco en rechazo al proceso, al considerarlo manipulado por la mayoría legislativa del MAS para elegir a magistrados afines al oficialismo.
Las de 2017 tuvieron resultados similares y estuvieron precedidas por un fallo del Constitucional que habilitó a Evo Morales a buscar un cuarto mandato consecutivo en los fallidos comicios generales de 2019, pese a que la Carta Magna limita a dos los periodos presidenciales y a un referendo que en 2016 le negó la posibilidad de volver a postular.
Los comicios judiciales no han logrado resolver la crisis que arrastra la Justicia desde hace décadas, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
Esto ha sido observado por organismos internacionales, mientras que un grupo de abogados independientes reúne firmas para concretar un referendo constitucional parcial que permita reformar la Justicia.