El Movimiento Cívico Juvenil, de la UMSA-UPEA, Comités Cívicos de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro, en documento entregado a medios de comunicación manifiesta:
«Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Lily Gabriela Montaño Viaña, Susana Rivero, la ciudadana chilena Adriana Salvatierra Arriaza, Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zavaleta, Luis Arce Catacora, Manuel Canelas Jaimes, Gisela López, Marienela Paco, Amanda Dávila, Alfredo Rada, Carlos Romero Bonifaz, David Choquehuanca Céspedes, Wilfredo Chávez, César Navarro, Gustavo Torrico, Eugenio Rojas Apaza, Betty Yañiquez, Héctor Borda, Iván Canelas Alurralde, Esteban Urquizu y otros, se enriquecieron mediante corrupción y apoyo al narcotráfico, generaron mayor pobreza de los sectores desposeídos. Cometieron delitos públicos, deben ser juzgados penalmente».
«Amparados por el gobierno de Manuel López Obrador, Evo Morales, García Linera, Gabriela Montaño Viaña, viven en mansiones en México, cuentan con vehículos Mercedes Benz con guardaespaldas cada uno. Envalentonados a la distancia convocan a la rebelión, manifestaciones violentas, a hechos vandálicos en Bolivia. Los asilados en La Paz desde la embajada instan a militantes del MAS mediante redes sociales a cometer actos de terrorismo, para dejar sin gas doméstico, sin productos alimenticios; carne, pollo, vegetales, a los alteños, a los vecinos de las laderas de las ciudades, a los gremiales, a las amas de casa».
Delitos de lesa humanidad
«Los asilados en la Embajada de México ex ministros del dictador tienen responsabilidad por haber protegido y encubierto malversación, robo de dinero del Banco Central de Bolivia, Banco Unión, de la editorial del Estado. Por haber firmado contratos lesivos sin licitación pública nacional e internacional para multimillonarias obras de caminos, adquisición de aviones, construcción de palacetes. Ocasionaron la muerte del universitario Johnatan Quispe, de cooperativistas mineros, indígenas del Tipnis, en la Calancha-Sucre, en el Porvenir-Pando, terrorismo, traición a la patria, encubrimiento al narcotráfico, genocidio, contra habitantes de El Alto, de La Paz y otros departamentos, es decir delitos de lesa humanidad».
«Los Ministerios de Gobierno, Defensa, Comunicación, contaron con multimillonarias sumas de dinero para labores propagandísticas en favor del ex presidente. Los ex ministros de dichas áreas deben rendir cuentas al pueblo, gastaron diez millones de bolivianos por día (Bs 10.000.000 x día) Bs 3.650.000.000 x año, calcúlese por catorce años.
Dineros que podían haber servido para construir unos treinta hospitales de cuarto nivel con instrumental quirúrgico modernos. Se utiliza la editorial del Estado, ubicado en El Alto, para hacer propaganda, volantes, afiches, publicaciones, en favor del ex presidente. La gerente de la empresa pública Amanda Dávila, recientemente fue denunciada por actos lesivos al Estado, se indicó que tiene un haber de treinta y cinco mil bolivianos mes (Bs 35.000), por trabajo extra y bono de lealtad, mal administra 28 millones de dólares que costó la maquinaria e infraestructura, se editó millones de papeletas de votos para ser utilizados en el fraude electoral, ignora que siendo entidad pública los fiscales pueden ingresar a cumplir su deber y no resistirse a requerimientos».
Quién otorgó salvoconducto a Morales
«En Bolivia y en el mundo, se conoce que en el trópico de Cochabamba se cosecha coca, se produce cocaína. Ante la rebeldía pacífica de los jóvenes en las calles, cabildos, Evo Morales, García Linera, abandonaron el Palacio de Gobierno, se refugiaron en el Chapare, el gobernador Iván Canelas Alurralde, se publicó en las redes, había dispuesto se coloque en contenedores productos de consumo, que fueron embarcados en el avión. En Chapare, Morales y García Linera de mutuo propio, sin presión alguna, dieron a conocer su renuncia a la Presidencia y a la Vicepresidencia y escaparon, fugaron, llevando fortunas a México, viven en lujosas mansiones, con vehículos Mercedes Benz, tienen guardaespaldas, comen en restaurantes lujosos (ver vídeos en redes sociales), mientras los pobres en Bolivia son utilizados para manifestaciones, bloqueos».
Son exservidores, no se requiere del Legislativo
«Desde el momento que pasaron la frontera son ex mandatarios, por tanto, no se requiere que el Legislativo lea o no sus renuncias, ipso facto abandonaron los cargos de servidores públicos. El exgobernador de Cochabamba, Iván Canelas, debe hacer conocer al pueblo y ante investigación criminal, qué contenía los conteiner, cuáles las instrucciones y monto de dinero que recibió para que movilice a cocaleros del Chapare, bloqueen caminos y cerquen ciudades».
«Cabe preguntar ¿quién otorgó salvoconducto a Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Lily Gabriela Montaño Viaña, Luis García Linera?, ¿quién autorizó que el avión mexicano sobrevuele espacio aéreo y aterrice en Chimoré?, ¿Qué personal de la lucha contra el narcotráfico verificó la carga que llevó dicho avión?».
«Siendo delitos públicos, penales, de lesa humanidad, los asilados deben ser expulsados de la embajada. El Ministerio Público tiene que aprehender a quienes, sabiendo que la residencia de México es extraterritorial, se salieron como si fuera el patio trasero de su propiedad: Adriana Salvatierra, Sonia Brito, Valeria Silva, Susana Rivero, Alfredo Rada, Betty Yañiquez».
Expresa «Juan Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, Luis García Linera, Rubén Saavedra, Abel Mamani, Roberto Aguilar, Alicia Muñoz, Hugo Salvatierra (padre de Adriana Salvatierra, acusado de haberse apropiado de 300.000 hectáreas de terreno cuando fungía de ministro), Sacha Llorenti, Hugo Moldiz, Iván Canelas Alurralde, José Alberto Gonzales S., Teresa Morales (su padre Manuel Morales Dávila, diputado, su hermana expresidente de la Aduana, su hermano gerente de YPFB), Walker San Miguel, René Orellana, Nilda Copa, Diego Pary, Amanda Dávila, Gisela López, Manuel Canelas, Juan Calvimontes, Reymi Ferreyra, Luis Sánchez, César Navarro, César Cocarico, Vladimir Sánchez, José Pimentel, Mario Guillén, Virginia Velasco, Hugo Siles, Eugenio Rojas, Nardy Suxo, Nilda Heredia (actual masista candidata a rector de la UMSA), Milton Gómez, Gustavo Torrico, Mariana Prado, Carlos Ortuño, Rafael Alarcón y otros», deben ser procesados por delitos penales, por los incendios en la Amazonía y Chiquitanía, debido al DS 3973 Evo Morales y sus ministros, autorizaron la quema de los bosques y desmonte de áreas comunitarias».
Informa «que abogados de la defensa pública elaboran querella penal en contra de exministros, diputados, senadores y milicianos del MAS porque deben ser sentenciados en nuestro país».
Piden no otorgar salvoconductos
En el manifiesto señalan: «La actual presidenta Jeanine Añez, conforma un gobierno de transición para administrar únicamente el proceso de nuevas elecciones, no tiene competencia legal para otorgar salvoconducto alguno, corresponderá al próximo gobernante elegido democráticamente, determinar lo que el derecho penal y de asilo especifican».
«Nuestros compatriotas están haciendo vigilia en las puertas de la Embajada, requieren de la cooperación de los comités, plataformas, movimientos cívico juveniles, es nuestro deber efectuar protestas y unirnos para evitar que los causantes de la tragedia, caos y anarquía, fuguen de Bolivia».
Legislativo no tiene legitimidad
«Los actuales diputados y senadores del MAS no tienen legitimidad, no representan a los departamentos, su gestión termina improrrogablemente el 22 de enero de 2020. Les emplazamos presentarse ante las organizaciones vecinales de El Alto, Chapare y otras localidades, para que sientan el cariño o repudio, con palos, de las bases. Fueron culpables de levantar la mano. Sin aportar ideas ni fiscalizar actos de los ministros se dedicaron a dar aplausos a los interpelados y a cobrar dietas de más de Bs 22.000 por mes, ya debían haber renunciado».
¡Viva las juventudes patrióticas de Bolivia libre y soberana!».
Noviembre 19 de 2019
El documento lleva la firma de: Marisa Luisa Claros Muñoz. Aníbal Carrasco Justiniano. Manuel H. Castro. Nicolás Laruta Mamani, María L. Fernández Salinas, Cristina Quispe Soto, y de integrantes del Comité Cívico Paceño, de Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.