El Gobierno boliviano promulgó la Ley 1072 que otorga 70 millones de bolivianos (10 millones de dólares) adicionales a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), informó ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada.
Rada declaró que de esa manera «el Gobierno a través de esta ley promulgada está cumpliendo con aquello que es compromiso con la UPEA».
«Anunciamos ante la opinión pública que el Gobierno a través de esta ley promulgada está cumpliendo con aquello que es compromiso con la UPEA, esto es responder a su demanda presupuestaria», remarcó.
Rada explicó que, con esos recursos adicionales, la casa de altos estudios ubicada en El Alto a 10 kilómetros de La Paz, ‘consolida un presupuesto de aproximadamente 300 millones de bolivianos (43 millones de dólares).
Por lo tanto, añadió, «no cabe el argumento de que no se está atendiendo a la UPEA».
Cuestionó que, aunque el Gobierno cumple con el ofrecimiento realizado y consolida mediante una ley mayores recursos económicos para la universidad de El Alto, «las movilizaciones prosiguen, pues hay dirigentes encaprichados en continuar las medidas de presión».
Es incomprensible e irracional que habiendo ellos demandado atención presupuestaria y habiéndoseles dado esa atención, sigan movilizados, refirió.
En otro momento cuestionó el paro de 24 horas anunciado por el Colegio Médico de La Paz para este martes el cual dijo «solo pretende politizar y pescar en río revuelto».
Rada reiteró que el diálogo está abierto y puede instalarse una vez que la UPEA suspenda las medidas de presión perjudiciales para la ciudadanía que no tiene que ver en el conflicto.
Desde abril, la UPEA se moviliza en las calles de El Alto y La Paz y exige la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener mayor presupuesto, sin tomar en cuenta la propuesta del Gobierno.
Igualmente, pide la renuncia de algunas autoridades de Gobierno, así como el esclarecimiento de la muerte del estudiante Jonathan Quispe cuando protestaba.
Rechazo
El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, rechazó la Ley 1072, promulgada ayer, que otorga a esa casa de estudios superiores 70 millones de bolivianos adicionales a su presupuesto, y ratificó que continuarán con las movilizaciones que piden más recursos económicos.
«La última asamblea ha ratificado primero rechazando los 70 millones, segundo que el conducto era la modificación de la Ley 195 en cuanto a su porcentaje, por tanto, rechazamos la nueva norma», puntualizó.
Docentes y estudiantes de la UPEA mantienen más de un mes paralizadas las labores académicas y realizan marchas en la ciudad de La Paz, que demandan mayores recursos económicos mediante la modificación de la Ley de Coparticipación Tributaria.
Nogales manifestó que el Gobierno con la promulgación de la Ley 1072 simplemente «ahonda» el conflicto porque el pedido de la UPEA es que se solucione el déficit de 152 millones de bolivianos que arrastra esta gestión.
«Eso podíamos haber consensuado en una mesa de diálogo que nos demuestren que esos 70 millones de bolivianos alcanza para esta gestión», añadió.
Un grupo de estudiantes universitarios inició ayer una camina desde la población de Patacamaya hacia la ciudad de La Paz, como otra medida de presión hacia el gobierno, que coincidentemente, promulgó la ley que asigna un presupuesto adicional de 70 millones de bolivianos a la Universidad alteña, pero que es rechazada por la comunidad estudiantil.
Universitario se tapia
El universitario fundador de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Nicolás Mendoza, que llevó ayer 24 días en huelga de hambre, decidió tapiarse en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDFLP).
Mendoza remarcó que tomó esa decisión ante la negativa del Gobierno de retomar el diálogo con las autoridades de esa casa de estudios superiores y también para exigir justicia por la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila, que falleció en la protesta.
«El Gobierno tiene que atender a nuestras autoridades de la UPEA para negociar, todos somos bolivianos (…). Justicia para Jonathan, renuncia para Carlos Romero, renuncia para (Mario) Guillén», señaló antes de ser tapiado con ladrillos.
Nogales, responsabilizó al Gobierno por la vida de Mendoza, aunque aclaró que el tapiado no estaba en sus planes como medida de presión.
«Personas ajenas»
Mientras por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, lamentó que personas ajenas a la Universidad Pública de El Alto (UPEA) participen en las movilizaciones y asuman medidas extremas, como el supuesto estudiante Nicolás Mendoza, de 54 años de edad, que horas antes decidió tapiarse.
«Nos preocupa de sobremanera las situaciones que atentan sobre la misma vida, la estabilidad de los compañeros, entendemos por ejemplo que hay un señor que en la fecha ha decidido tapiarse (…), no entendemos que frente a la decisión sostenida del Gobierno de mantener el diálogo abierto», acotó.
A su juicio, es irresponsable que autoridades de la UPEA consideren a Mendoza, de 54años de edad, que se autodenomina fundador de esa universidad, como representante en las negociaciones con el Gobierno aunque no sea alumno regular.
«Este universitario que por propia voz dice llamarse Nicolás Mendoza, que ha reconocido que tiene 54 años de edad, una edad no propicia para un estudiante universitario y que se reconoce asimismo como estudiante fundador de la UPEA, que lleva estudiando al menos 18 años sea reconocido por la propia universidad como parte de la comisión negociadora, entendemos que este señor (…) en los hechos ya no es alumno, pero no entendemos como la UPEA lo considera miembro de la negociación», refrendó.
«Debemos calificarlo de raro, de sui géneris, de pronto nos muestra la irresponsabilidad, que nos demuestra que se está actuando con improvisación por parte de las autoridades de la UPEA», insistió.