El Ministerio Público imputó este viernes a dos exministros de la gestión transitoria de Jeanine Áñez por el caso de una supuesta compra irregular de material antidisturbios procedente de Ecuador, durante la crisis de 2019.
El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó este viernes que el Ministerio Público emitió formalmente la imputación en contra de los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente.
Ambos exministros están acusados de los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas no convencionales; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes en grado de coautoría, explicó Quispe.
El año pasado se abrió una investigación para indagar sobre una presunta entrega de gases y otro tipo de material antidisturbios desde Ecuador hacia Bolivia.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó en ese entonces que el Gobierno interino gestionó una aeronave boliviana que transportara desde Ecuador hasta el país el material antidisturbios que se manejó con «bajo perfil».
Quispe detalló que de acuerdo a la imputación «hubieran ingresado» al país al menos 5.000 granadas de mano, unos 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonidos y destellos para exteriores.
Agregó que están a la espera de que el juez décimo de Instrucción en lo Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fije la hora y la fecha de la audiencia de medidas cautelares.
Ambos ministros no se encuentran en el país, Murillo está en Estados Unidos a la espera de su audiencia en el que es acusado de corrupción y lavado de dinero por compra de material antidisturbios.
Asimismo, López estaría en Brasil, según información de Quispe.
El funcionario señaló que la solicitud de extradición de Murillo ya se realizó vía Cancillería y que están a la espera de la respuesta de ese país.
Por este caso hay más de una docena de personas investigadas en la que también figura la exmandataria Áñez.
El Gobierno consideró que el material enviado por Ecuador pudo haberse utilizado en las protestas de Sacaba y Senkata en 2019 que derivaron en la muerte de más de una veintena de civiles en protestas contra el Gobierno interino, al que ahora se acusa de haber llegado al poder mediante un supuesto «golpe de Estado».