Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, envía una misión técnica para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. La delegación, está presidida por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y cumplirá una visita de trabajo que se realizará entre el 22 y 25 de noviembre y contará con el apoyo de un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, que es una sección autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta iniciativa nace en un pedido que fue considerado en una reunión de la OEA celebrada el pasado 12 de noviembre, en la que una representación del gobierno del expresidente Evo Morales –que en ese momento ya se encontraba en México-, pidió a la Comisión que acudiera al país. La versión que maneja la CIDH, es que hay más de 23 personas muertas y 715 heridas desde las elecciones del pasado 20 de octubre. La CIDH se mostró muy dura con un decreto del Gobierno provisional que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan «en legítima defensa o en estado de necesidad». La Comisión asume posición criticando lo que considera «el grave decreto» de Bolivia que «desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH», puntualiza la Comisión. Añade que «la CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales».
El Gobierno de la presidente Jeanine Áñez, explicó que la determinación no supone una «licencia para matar» y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país. A su vez el ministro interino de Defensa, Fernando López, defendió la norma. Cuestionó a la CIDH por hacer valoraciones sin tomar en cuenta la situación que se vive en Bolivia con la presencia y actuación de grupos armados. Dijo que «la percepción de la Comisión es sesgada» y desconoce la realidad que vive nuestro país donde operan «grupos subversivos armados, con armas de grueso calibre».
El decreto 4078, aprobado el 14 de noviembre, evidentemente deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden y evitar que los grupos armados sigan matando gente y atentando contra la ciudadanía. Recordemos que se ha establecido que estos grupos fueron los que dispararon contra campesinos movilizados, para luego acusar al gobierno. Además, la norma establece que «El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal».
López explicó que en estos momentos quienes están en riesgo son ciudadanos bolivianos por la actuación de grupos subversivos que buscan desestabilizar a la actual administración que solamente tiene como objetivo la pacificación y el encaminar elecciones generales transparentes. Acotó que hay grupos extranjeros con armas letales. Se estima que en las próximas horas llegue la misión de la CIDH, para que desde el viernes pueda ver en el terreno los riesgos y la agresión que sufre el pueblo boliviano de grupos armados que amenazan con guerra civil, después que sus jefes del MAS anunciaron su intención de convertir a Bolivia en un Vietnam.