Los activistas políticos comenzaron ya a desplegar gran parte de su arsenal proselitista y apelan a variedad de ardides en procura de llevar «agua a sus molinos» y privar a sus adversarios. A veces con astucia e ingenio, y muchas otras con malas artes extienden sus artimañas llegando casi siempre a la guerra sucia. Precisamente esta semana se inicia con aprestos tanto del oficialismo como de la oposición para mostrar su poder de convocatoria, exponiendo algunas maniobras para mostrarse salvadores, necesarios, imprescindibles, y hasta únicos con las capacidades para hacer que el país pueda salir adelante. Como siempre, la verdad es la primera víctima y poco hay de rescatable en sus acciones.
No por ello se debe ignorar lo que hacen las fuerzas ya que, para un buen observador, en esta fase se pueden mostrar claras tendencias ante la ausencia de divulgación de encuestas. El oficialismo mantiene su campaña iniciada en 2006 y que no cesó en los 13 años de Gobierno, y continúa utilizando las obras que entrega como «regalo partidario». A su vez, las dispersas fuerzas de oposición exponen sus «debilidades» y tratan de mitigarlas con acciones que muestren capacidad de movilización.
La búsqueda de unidad en la oposición ha sido infructuosa hasta ahora, pero no por ello se ha desahuciado su validez. En esa línea, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a las instituciones que aglutina, a los comités cívicos departamentales y representantes de las organizaciones políticas defensoras de los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 2016 a una asamblea que se realizará este lunes 8 de julio, en la sede de Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Como ya ocurrió en otras reuniones se efectuarán análisis de la coyuntura política, se evaluará lo logrado, se efectuará un seguimiento del proceso electoral, y seguramente se analizará la actuación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cívicos de diferentes departamentos han tomado posición por la defensa del respeto a la Constitución Política del Estado y el cumplimiento del referendo de 2016 que rechazó una nueva reelección de los actuales gobernantes. Se han realizado varios paros y protestas por las transgresiones legales, y al no ser escuchados, determinaron nuevas acciones. El Comité pro Santa Cruz ha determinado un paro cívico departamental para mañana, 9 de julio, en defensa del voto ciudadano, que dijo No, a la reelección presidencial. Ha habido reuniones para definir las estrategias destinadas a reforzar la movilización que, entre otras posiciones, exige la renuncia de los vocales del TSE por haber habilitado la candidatura a la reelección de Evo Morales-Álvaro García Linera, a pesar de los resultados del 21-F.
Constitucionalistas coinciden en que se ha violentado la normativa nacional, y que por lo tanto carecen de legitimidad las actuaciones de los miembros del TSE. Entre las argumentaciones legales se expone que el Tribunal Supremo Electoral, en el ámbito de sus atribuciones debía respetar el marco legal previsto en la Ley 026 del Régimen Electoral, promulgada por el actual gobierno en fecha 30 de junio de 2010. Tampoco respetó el mandato que nace de la institución que es el Referendo, que tiene «vigencia inmediata y obligatoria» y de carácter vinculante, y que, además, determina que el resultado de un Referendo «no puede ser anulado por ninguna causa y ante ninguna instancia», por tratarse de una decisión prevista en la «democracia directa y participativa». Ante la falta de argumentos se apela a eufemismos para justificar las transgresiones, marrullerías y estratagemas dirigidas a burlar la voluntad popular.