El Gobierno informó este jueves que más de mil vehículos y 1.175 pasajeros están atascados en las carreteras bloqueadas desde hace once días por los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que protestan en contra de la prórroga de los magistrados del órgano Judicial.
La molestia de los seguidores de Morales también es por la Sentencia Constitucional que dicta que la reelección indefinida «no es un derecho humano», lo que inhabilita al exmandatario para una candidatura presidencial en 2025.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, detalló en una rueda de prensa que los vehículos parados en las rutas son 1.023 y son 1.175 personas «que están siendo perjudicadas» por los bloqueos.
«En total se registran 24 puntos de bloqueo y el número de bloqueadores es de 4.450», indicó.
Según el viceministro, Cochabamba es «el único departamento que ha quedado aislado» por las movilizaciones al concentrar 21 puntos de bloqueo.
Mamani precisó que en ese departamento hay cuatro lugares donde se reporta una mayor presencia de bloqueadores, los principales son el puente Ichilo, en el límite entre Cochabamba y Santa Cruz, y la localidad cochabambina de Parotani, cada uno con unas mil personas movilizadas, respectivamente.
También se registran dos puntos de bloqueo en Oruro y uno en Santa Cruz.
Mamani sostuvo que desde el inicio del diálogo entre el Gobierno y las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo nacional por las elecciones judiciales, se vio una reducción progresiva del número de bloqueadores, aunque también lamentó que quienes persisten con la protesta se tornaron «más agresivos y violentos».
El Gobierno contabilizó un total de 34 policías heridos por agresiones de los manifestantes en cuatro hechos ocurridos desde que comenzaron los bloqueos.
Afectados por bloqueos
Mamani denunció que se tienen reportes de otras vulneraciones en el marco de las protestas, como el caso de una niña de 10 años que fue agredida sexualmente el pasado 23 de enero en un autobús parado en Parotani y un campesino que fue golpeado por bloqueadores en Aiquile.
El martes también fue «brutalmente agredida» una dirigente campesina que se oponía a los bloqueos en Parotani, lamentó el viceministro.
El Gobierno de Luis Arce atribuye además a las protestas las muertes de una mujer con problemas de presión arterial que debía trasladarse por carretera desde La Paz hasta Santa Cruz, de un chofer que sufrió un paro cardíaco en un punto de bloqueo y de un bebé de 7 meses que padecía de dengue y que no pudo recibir atención médica oportuna.
También denunció que los bloqueadores no permiten el paso de ambulancias, ni de «ayuda humanitaria» que las autoridades intentaron llevar a los conductores y pasajeros atrapados en los bloqueos.
Las pérdidas económicas para el país superan los 680 millones de dólares y el abastecimiento de combustibles es irregular en regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que ha ocasionado que la gente deba esperar en fila por horas en las gasolineras para comprar carburantes.
En esta jornada, el sector del transporte pesado usó sus vehículos para cerrar calles en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno que resuelva el conflicto.
Los comicios para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento.
Ante esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió en diciembre prorrogar su mandato y el de los otros jueces para evitar un «vacío de poder», lo que dio lugar a los bloqueos de carreteras por parte de los sectores afines a Evo Morales.
Esos sectores también están movilizados en rechazo a una sentencia constitucional que inhabilita a Morales para ser candidato presidencial en 2025, ya que sostiene que la reelección indefinida «no es un derecho humano», un argumento que el exgobernante usó para postular a los fallidos comicios de 2019.