«El infierno está empedrado de buenas intenciones», es una frase popular que significa que muchas acciones que parecen aceptables en determinado momento, pueden ser perjudiciales después, o que algunas decisiones en el marco de una tolerancia a hechos o situaciones peligrosas, pueden causar graves daños. Algo de esto está ocurriendo con la minería del oro, que genera varios miles de millones de dólares, y que el gobierno ha visto que puede atraer algo para las vacías arcas del Estado, fomentando esta actividad, que en realidad es altamente destructiva. Pero, además, sorpresivamente decidió actuar de una manera violenta contra los mineros del oro. Ambas decisiones parecen aportar piedras para empedrar un camino de conflictos. Algunos analistas calificaron a la decisión del gobierno como un operativo «kamikaze», recordando a los pilotos japoneses suicidas.
La minería ilegal del oro, es verdad, genera un enorme movimiento económico y movilización social; alienta la iniciativa privada y genera bienestar a mucha gente, pero también es fuente de muchos males. Logra recursos superiores en valor a muchas otras. actividades, da trabajo a miles de persona, desde aquellos que laboran directamente en la tierra y en los ríos extrayendo el precioso metal, hasta los que proveen insumos, equipos, mercurio, alimentos y otros medios para estas operaciones en las que intervienen también los rescatadores de oro, y los inversionistas. Es un trabajo sacrificado, duro y con mucho riesgo debido a la inseguridad y la delincuencia. Pero además, genera un grave daño ambiental, destruye la naturaleza, envenena los ríos y despoja de su hábitat a mucha gente que vive en las extensa región aurífera que abarca a por lo menos cuatro departamentos.
Factores legales, ambientales, sociales, y económicos se mueven en torno a esta actividad que hizo noticia por la intervención del gobierno mediante un contingente militar y policial para destruir las instalaciones mineras que operaban en las riberas del río Madre de Dios, apresando a 57 personas y destruyendo 27 dragas. A 19 de los detenidos se les dio detención preventiva por la explotación ilegal de oro, y a los demás se les determinó detención domiciliaria. El gobierno anunció que este operativo forma parte de acciones más amplias destinadas a regular la minería del oro. Entre las determinaciones figura la elaboración de un «plan de mercurio y salud», además de una guía de diagnóstico para la protección de la salud y para reducir a cero el uso de ese elemento tóxico. Los ministros de Salud, Medio Ambiente y Minería, argumentaron que la intervención a las operaciones mineras en el río Madre de Dios fue legítima, en el marco de una actividad ilegal que tiene efectos catastróficos sobre la salud de la población y el medioambiente. Explicaron que solamente 11 cooperativas desarrollan un trabajo legal. Algunos informes estiman que existen unas 300 dragas que operan en los ríos del oriente del país.
Sobre el uso del mercurio, el gobierno explicó que Bolivia se encuentra obligada a cumplir con el convenio de Minamata, que establece «cero mercurio». Las autoridades han dejado que esta actividad se amplíe a dimensiones de alto riesgo y ahora se anuncia que simplemente se prevé la reducción gradual de su uso en minería. La inacción del gobierno motivó una demanda internacional, según el ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez.
Naturalmente que la drástica intervención del gobierno motivó reacciones de toda naturaleza. Desde apoyo de algunos activistas por la defensa del medioambiente, hasta protestas de los sectores afectados, movilización de familiares de los detenidos, y solidaridad de sus afines, que iniciaron bloqueos en varios lugares de la región exigiendo la liberación de los detenidos. Según reportes de prensa, hubo bloqueos en Riberalta que se solucionan paulatinamente. El vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Zenón Huarachi, sostuvo que los trabajadores detenidos estaban trabajando legalmente. «En ese sector en donde estaban los compañeros son áreas legalmente establecidas».
También hubo un contradictorio pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) cuestionó el operativo del Gobierno. Hace poco, denunciaron que la actividad minera afecta directamente su. Modo de vida. Ellos exigen un trabajo serio de investigación para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal, y no reprimir a los trabajadores. No especifican a los directos responsables, pero en varias oportunidades se hizo referencia a que hay políticos influyentes que manejan cooperativas auríferas, y también grandes operadores que son los que proveen las dragas.
Hay pronunciamientos de algunos activistas de los derechos humanos, que ven un exceso de fuerza en la intervención del gobierno utilizando a los militares y policías; quemando las dragas y barcazas de los mineros, sin un procedimiento previo enmarcado en las normas legales. Sin duda, en apariencia, casi todos tienen razones y buenas intenciones frente a la crisis económica y política: los mineros quieren un trabajo y ganar bien; el gobierno quiere recaudar oro por ello aprobó una ley. Los activistas defienden el medioambiente sin percatarse de que debe haber un balance, y ninguno de los actores de este drama mide las consecuencias de sus contradictorias decisiones que pueden llevar al país a un infierno de confrontaciones.