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sábado, mayo 21, 2022
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Organismos y activistas demandan una ley sobre derechos sexuales en Bolivia

Sindicalistas, activistas y organismos internacionales remarcaron este miércoles la necesidad de que Bolivia cuente con una ley sobre derechos sexuales y reproductivos para garantizar la vida de niñas y mujeres, así como hacer efectivas las políticas contra la violencia machista.

Estas consideraciones se hicieron en el foro «Avances y desafíos de los derechos humanos de las mujeres» efectuado en La Paz por iniciativa del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, con la asistencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani.

La primera expositora fue la dirigente minera Ninfa Cayo, quien mencionó entre los retos para garantizar los derechos de las mujeres la puesta en marcha de «una normativa de derechos sexuales y derechos reproductivos».

«Esto es muy importante porque en el sector minero, las familias son numerosas, son ocho, doce, trece hijos y el machismo persiste bastante, entonces hay que trabajar mucho en los derechos reproductivos», manifestó Cayo.

Su propuesta fue secundada por el oficial de Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia, Freddy Huaraz, quien resaltó la importancia de plantear esta ley para que las mujeres decidan si quieren o no ser madres, cuándo y con quién embarazarse y la cantidad de hijos que quieran tener.

Huaraz indicó que en Bolivia, entre enero y octubre de este año se registraron 7.073 denuncias de delitos sexuales de diversa índole contra niñas, adolescentes y mujeres a razón de 23 por día, además de 31.355 denuncias de violencia familiar o doméstica, es decir, 103 por día.

También mencionó que entre enero y septiembre hubo 1.832 embarazos de menores de 15 años, la mayoría «resultado de violencia sexual».

Caso emblemático

Huaraz recordó el caso de una niña de 11 años que resultó embarazada por las constantes violaciones de su abuelastro, un suceso que causó conmoción y un debate entre quienes defendían su derecho a interrumpir la gestación y quienes rechazaban esa posibilidad.

El oficial de Género lamentó toda la controversia generada por quienes «más se preocuparon de quién actuaba cómo» en este caso antes que velar por la «situación de la niña», que finalmente se sometió a un procedimiento de interrupción de la gestación.

La defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, señaló que este caso dejó en evidencia que «se torturan los cuerpos de las mujeres como consecuencia de líneas moralistas y religiosas que no deberían estar dentro de las políticas de protección de nuestro Estado».

«Por ello creemos firmemente que se debe trabajar una ley de derechos sexuales y reproductivos no solamente para la interrupción legal del embarazo, sino para preservar la dignidad, la salud y la vida de las mujeres en nuestro país». manifestó.

Cruz consideró necesario un marco normativo que no deje «un atisbo de espacio» a la Iglesia católica o a cualquier grupo religioso para «entrometerse en las decisiones y la vida de las mujeres».

Alertas sobre la violencia

Huaraz y Cruz también lamentaron el más de un centenar de feminicidios registrados en el país en lo que va de año y demandaron que haya ayuda integral para las víctimas de la violencia machista.

Al respecto, Cayo sostuvo que las «altas tasas de feminicidios» preocupan a las mujeres y remarcó que el principal desafío es eliminar la violencia machista.

Para ello, la dirigente minera sugirió incluir la «despatriarcalización» en la currícula educativa para que «desde la escuela los niños se eduquen de una manera correcta y no estén maltratando por el hecho de ser mujer».

Los expositores también reclamaron que la participación de las mujeres en la política y las sanciones contra el acoso y violencia en este ámbito sean más efectivos.

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