Sin un pacto entre Ortiz y Mesa caminamos hacia el precipicio del totalitarismo. Pactar no es claudicar. Se trata de ser trascendentes, determinantes y no marginales. Ambos deben privilegiar «el fin superior» que se busca con un convenio solemne, estricto y condicional, en el que ambas partes se comprometan a hacer concesiones en sus prioridades, ceder el control de algunas instituciones y la toma de decisiones.
El mandato de las urnas no dará a nadie mayoría absoluta en el Gobierno central. No entender el mensaje de la realidad es un suicidio político. La perspectiva de ganar tiene que ver con la voluntad, la flexibilidad y la inteligencia. No es tiempo de actuar con actitudes de superioridad. Las líneas rojas impuestas, más que un signo de fortaleza es una muestra de debilidad.
La política es más que nunca una lucha de intereses que se camufla como una lucha de ideales. Dado que el poder es el único objetivo del pacto, en política no hay pactos gratuitos y en función a las encuestas, se revela que Ortiz o Mesa podrían ser el «kingmaker» o partido decisor del futuro gobierno. Ortiz, que prevé obtener significativa votación, podría avenirse a facilitar la obtención de mayoría simple y/o absoluta en aras de la necesaria estabilidad y gobernabilidad del país, pero no a cambio de nada. Una negociación política debe obedecer a la premisa de que ambas partes deben sentir que salen ganando. Lo más racional es que impere la proporcionalidad y que Ortiz logre una porción del Gobierno similar al porcentaje de votos previsibles que aportara, o igual Mesa.
¿Qué incentivos institucionales y políticos hay para un pacto preelectoral? Un pacto no asegura el triunfo, pero aumenta la probabilidad de éxito ya que implica una reducción en el número de contendientes y por lo tanto mayor votación; al combinar fuerzas, pueden aumentar su competitividad; mitigar sus debilidades entre sí; beneficiarse del aumento de su influencia y representación en el Parlamento; lograr el mantenimiento del registro como partido político; la optimización en la utilización de los recursos económicos y humanos, en la proyección de las elecciones no solo generales, sino para las regionales y locales.
Ambos saben que están condenados a entenderse, que de su sintonía depende una legislatura estable y gobernable. Al ser ideológicamente compatibles y cercanos, sumados, acumularían mayor legitimidad en el parlamento, credibilidad y esperanza en su compromiso común con la aplicación de ciertas políticas públicas. De lo que se trata es de lograr la alternancia en el poder.
Aun no se ha ganado nada y ganar no significa gobernar. No especular ni adivinar el voto. Un escaño puede ser la frontera entre la restauración democrática y la involución. Con más sentido de Estado, otra Bolivia es posible.