Las movilizaciones de estudiantes y docentes de la universidad estatal de la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país, continuaron ayer tras más de un mes, a pesar de la promulgación de la ley que incrementa en casi 10 millones de dólares el presupuesto para ese centro de estudios.
La norma, firmada en el lunes por el Ejecutivo boliviano, no frenó las protestas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que reclama una subida de casi 24 millones de dólares y la modificación de la ley de coparticipación tributaria que fija el dinero que reciben las universidades.
«Nosotros estamos luchando por coparticipación tributaria, los 70 millones de bolivianos (10 millones de dólares) solo nos sirven para sueldos y salarios. Los estudiantes no nos beneficiamos, nosotros queremos calidad en educación», explicó a Efe Pilar Apaza, presidenta de la comisión de movilización de los estudiantes.
La marcha, en la que participaron el Colegio de Médicos, el Comité Departamental de Salud de La Paz, asociaciones gremiales y algunas juntas de vecinos, reunió a miles de personas desde la plaza San Francisco a lo largo de El Prado, una de las principales vías de La Paz, provocando bloqueos en la ciudad.
La manifestación de la UPEA se cruzó en un lugar con una marcha convocada por el partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), en apoyo al actual Gobierno, lo que provocó momentos de tensión con insultos y acusaciones entre ambas partes.
«Vayan a ver cómo pasamos clases, en un aula de seis por cuatro pasamos más de 100 estudiantes con un solo docente. Es por eso que nosotros queremos calidad en educación, no queremos que nos discriminen», denunció Apaza.
Además de las protestas callejeras, un grupo de estudiantes inició el lunes una marcha desde la localidad andina de Patacamaya, unos 100 kilómetros al sur de La Paz, y un huelguista de la UPEA decidió tapiarse en las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
La presidenta de la comisión aseveró que la protesta «se va a alargar hasta que al Gobierno le dé la gana de solucionar este problema» y recordó que el lunes se cumplió un mes de la muerte del estudiante Jonathan Quispe por el impacto de un proyectil en el pecho durante una manifestación.
En un principio la versión oficial del Gobierno señalaba a los propios manifestantes como culpables de la muerte del joven por el impacto de una canica de vidrio con un cohete casero.
Pero después fue detenido un mando policial acusado de lanzar ese proyectil de forma no reglamentaria.
Condenan ataque
La ministra de Comunicación, Gisela López, condenó ayer el ataque vandálico de manifestantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) contra las instalaciones del canal estatal Bolivia TV.
‘Nuestra más firme condena al ataque delictivo, cobarde y vandálico de manifestantes que agredieron físicamente a nuestro compañero Percy Carrasco del Canal Bolivia TV en su intento de invadir estas instalaciones’, escribió López en su cuenta en Twitter.
En otro mensaje por esa red social añadió: ‘que se investigue y sancione este atentado a la libertad de prensa’.
Al mediodía de ayer un grupo de universitarios intentó ingresar a la fuerza al canal estatal, arremetió contra el personal de seguridad y arrojó pintura roja en protesta por supuesta campaña de ese medio en contra de la UPEA.
Previamente, el Ministerio de Comunicación aclaró que no elaboró spots televisivos ni cuñas radiales para atacar a la casa de altos estudios que mantiene un conflicto con el Gobierno, a pesar del llamado al diálogo y del aumento de presupuesto.
Los universitarios también arremetieron contra las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, por una supuesta falta de apoyo a sus movilizaciones.
Mientras tanto, familiares de los estudiantes de la Universidad ubicada en El Alto (a 10 kilómetros de La Paz) pidieron a las autoridades del centro de estudios a retornar al diálogo con el Gobierno y levantar las medidas de presión.
La UPEA mantiene paralizadas las labores académicas hace más de un mes y sus funcionarios, docentes y estudiantes están movilizados en demanda de mayores recursos, a pesar de que el Gobierno promulgó una ley que adiciona 70 millones de bolivianos (cerca de 10 millones de dólares) a su presupuesto anual.
Mientras, las autoridades bolivianas han asegurado que «el diálogo está abierto» y que las continuas protestas «no coadyuvan» a la solución del conflicto.
«Reiterar nuestra posición como Gobierno nacional de convocar nuevamente, activar nuevamente el diálogo entre nuestras autoridades nacionales y las autoridades de la UPEA», remarcó la ministra de Comunicación, Gisela López.
Cuatro días de impedimento
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) certificó 4 días de impedimento físico para Percy Carrasco, funcionario agredido por manifestantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que la emprendieron contra las instalaciones del canal estatal Bolivia Tv en demanda de mayor presupuesto.
«Se otorga 4 días de incapacidad médico legal» a Carrasco a quien la médico Forense, Nancy Yaquelín López, diagnosticó equimosis rojo violácea en cara dorsal cerca de dedo índice mano izquierda de 3 por 2 cm. Equimosis violácea con aumento de volumen en cara dorsal de codo derecho en una área de 6 cm por 5.5cm.
Asimismo, escoriación lineal en borde cubital tercio distal de antebrazo izquierdo de 0.7 cm por 1 centímetro. Dos escoriaciones lineales en cara dorsal tercio medio de ante brazo izquierdo de 2cm por 0,1 cm, según señala el informe médico forense, firmada por la galeno López.
Carrasco comentó que sus brazos fueron incapacitados por los golpes con palos y piedras que recibió cuando los manifestantes intentaron abrir las rejas de la puerta del edificio donde funciona el canal estatal.
«Donde más he sufrido las agresiones es en el brazo y codo derecho, ahora tengo problemas para mover. Yo necesito trabajar porque tengo familia», expresó.