El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, en una entrevista con EFE, manifestó que hay «elementos» que «pueden minar la independencia judicial» en el país, y que los bolivianos no se sienten protegidos por la Justicia.
La CIDH publicó este jueves el informe: ‘Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia’, redactado después de la visita que realizaron al país en marzo de 2023 y que hace un análisis de los derechos humanos.
Parte del documento señala que hay «una profunda desconfianza de los ciudadanos a su Órgano Judicial».
«Los órganos de justicia están diseñados para ser independientes y hay un diseño constitucional. Nosotros encontramos elementos que pueden minar la independencia judicial», expresó Caballero.
Algunos de estos factores son, por ejemplo, que no se cumplan con los tiempos para las elecciones judiciales o que la Asamblea Legislativa no se haya puesto de acuerdo para publicar, en tiempo, las bases para esa elección, puntualizó.
La Constitución boliviana, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, que son previamente seleccionados por el Legislativo. Este proceso debía llevarse a cabo en 2023, pero se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, y el proceso se fue aplazando, hasta que se retomó este año.
Ante esta situación, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) definió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder», lo que generó molestia en una parte de la sociedad, y una serie de fuertes bloqueos por parte de los sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Al respecto, Caballero señaló que el informe expresa que el Estado debe garantizar los procesos de selección y que se realicen en tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, además que se deben «evitar esas prórrogas».
«Hay que evitarlas, es decir hay que evitar lo que ralentice la posibilidad de que la Constitución cabalmente se cumpla», expresó.
Esta situación afecta en la «médula», ya que la ciudadanía «desconfía de las instituciones» que deben ser imparciales, por lo que la sociedad «no se siente protegida, no se siente custodiada» y no sabe a quién acudir libremente para tener una solución a sus problemas, expresó el comisionado.
Avanzar en la reforma judicial y trabajar en la polarización de la sociedad para que no se vuelva un «círculo vicioso» que lleve a un «entrampamiento» de los cambios que se requieren, es una gran parte de los desafíos, sentenció.
«Es muy importante que haya certidumbre, no sesgos en la justicia hacia personas digamos que tienen una distancia del Gobierno o que tienen una militancia distinta, el país tiene que proteger a quien defiende los derechos humanos, tiene que proteger la participación política plural», sostuvo Caballero.
Los avances
El comisionado destacó los avances del país en temas como la estructura constitucional, la participación política de sectores ampliamente marginados, los avances para evitar la discriminación, el desarrollo social a través de derechos económicos, sociales y culturales.
El informe también enfatiza los avances en la disminución de la pobreza, los avances en la protección y en garantía de los derechos humanos de las mujeres, las políticas públicas generadas para la atención de poblaciones «en situaciones históricas de vulnerabilidad» y en los derechos de las poblaciones indígenas.
En los desafíos se encuentra precisamente la reforma judicial, la polarización que se ahondó desde la crisis política y social de 2019 que es «reversible», si se buscan canales de diálogo.
Crear un «plan estratégico» con los órganos del Estado, para la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones, es parte integral de las recomendaciones, así también implementar una política de protección a la vida, integridad y labor de las personas defensoras de los derechos humanos.
De la misma manera, se pide que se investigue, se procese y se sancione el «uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden en contexto de protestas sociales, incluyendo los responsables por la cadena de mando.
El Gobierno boliviano señaló que este informe es una «agenda» y llamó a las instituciones bolivianas a trabajar para su cumplimiento y aseguró que ya cumplen con algunas de estas recomendaciones.