Los maestros urbanos, comerciantes, médicos, jubilados y varias plataformas de oposición han anunciado protestas para este martes en rechazo a políticas y leyes que exigen al Gobierno del presidente Luis Arce que se anulen.
Esas organizaciones han conformado la llamada «Alianza Intersectorial» y se manifestarán en las principales ciudades del país con marchas, bloqueos y plantones en las entidades públicas que canalizan las medidas gubernamentales.
Demanda educativa
Los maestros urbanos del país se movilizarán por mayor presupuesto y la anulación al nuevo plan de estudios que busca aplicar el Gobierno por no contar con recursos, una carga horaria autónoma y que consideran que es «adoctrinante» al reflejar la posición política del oficialismo, además, de la «ideología de género».
Las protestas del magisterio se desarrollan desde comienzos de marzo y se han centrado principalmente en La Paz con marchas en las que han participado maestros del interior del país.
Al respecto, el ministro de Educación, Édgar Pary, cuestionó que los docentes hayan incorporado otras demandas sobre la jubilación o incrementos salariales que muestran una posición «política» y para «conflictuar» el país.
«Les pedimos reflexión y deponer (las medidas) y trabajar por mejorar la educación. Nosotros seguimos abiertos a poder dialogar, remarcó Pary.
«Financiamiento al terrorismo»
Por otro lado, los comerciantes han optado por salir a las calles contra el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que está «congelado» en el Parlamento hasta que se socialice su contenido.
El sector gremial considera que esa norma establece nuevos delitos tributarios que podría afectarles, algo que el Gobierno ha negado y aclaró que esas cuestiones se tratan en «leyes estrictamente tributarias».
Precisamente en esta jornada llegó al país una comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para hacer una evaluación sobre las acciones contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las autoridades del país han insistido en que las normas observadas, y un decreto aprobado a principios de mes en la misma línea, se basan en acuerdos internacionales que contrajo el Estado hace algunos años y que se orientan a borrar a Bolivia de las «listas grises» de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Algunos sectores de la oposición cuestionaron la aprobación de estas iniciativas al considerar que el Gobierno las puede utilizar con fines de «persecución política».
A finales de 2021, varios sectores sociales mediante un paro nacional forzaron al Gobierno a anular la ley 1386 contra el financiamiento al terrorismo.
Gestora Pública
Las asociaciones de trabajadores en salud y jubilados también tienen previsto manifestarse en contra del traspaso de los aportes a la seguridad social de las privadas Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
El argumento de estos grupos es que se corre el riesgo de que el Gobierno utilice libremente los recursos de la jubilación y se ocasionen perjuicios a los aportantes, algo que el Gobierno ha negado.
La administración estatal de pensiones iniciará labores desde el próximo mes, tras más de una década de ser anunciada y que incluso ha derivado en un arbitraje internacional en contra del Estado por el que debe pagar 105 millones de dólares por el «retraso injustificado» en esa migración.
Junto a todo esto, también las protestas son en rechazo a algunos decretos presidenciales que se aprobaron a principios de mes y que están referidos a recursos para la protección de la producción agrícola y que las sociedades comerciales remitan información a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP).