Los confinamientos rígidos al inicio de la pandemia de la covid-19 fueron especialmente difíciles para grupos como la comunidad LGBTI que en Bolivia sufrió discriminación, violencia, crímenes de odio, falta de acceso a la salud y la justicia, entre otras vulneraciones evidenciadas en un estudio presentado este jueves en La Paz.
«Para que no vuelva a pasar» es el título de este informe impreso y un documental que lo complementa, sobre la vulneración de derechos humanos hacia la población LGBTIQ+ durante el periodo más estricto de la pandemia, que fue elaborado por la Fundación Igualdad LGBT.
La iniciativa surgió a raíz de lo ocurrido en mayo de 2020 con Fernanda, una mujer transexual en situación de calle y con problemas de desnutrición que peregrinó de hospital en hospital porque le negaban la atención por ser trans y en medio de temores por la covid-19.
Fernanda finalmente murió en su casa en la ciudad de Santa Cruz, comentó el director de Igualdad LGBT, Alex Bernabé.
«Eso nos marcó hartísimo como fundación y como movimiento de la diversidad en Santa Cruz. Dijimos (que) tenemos que hacer algo, tenemos que registrar y documentar este tipo de casos de vulneraciones que hay hacia los derechos humanos» de esta población, señaló.
El informe
El estudio es cualitativo y recoge diez historias en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, algunas «en primera fuente» y otras con testimonios de personas que acompañaron los casos, explicó a Efe la activista de derechos humanos y coordinadora de la investigación, Kariduen Villafuerte.
La activista incidió en el costo emocional para las víctimas que se animan a presentar una denuncia formal por la burocracia y discriminaciones que probablemente volverán a sufrir, y también están quienes «se rindieron» y desisten de denunciar a sabiendas del desgaste que supone iniciar un proceso ante la Justicia boliviana.
«Hemos evidenciado testimonialmente que hay un costo social y emocional, no sólo económico, para las víctimas y que es muy importante que a partir de esto (…) el Estado pueda elaborar políticas públicas que aborden esto, que acompañen a las víctimas», manifestó.
Según Villafuerte, en algunos casos la violencia no termina con la muerte de la víctima, porque luego los activistas que deciden hacer seguimiento para que haya justicia «siguen siendo violentados, a veces por las propias familias o por las instituciones del Estado que no acompañan las denuncias».
Eso fue lo que ocurrió en el caso de Alessandra, una chica trans que tenía 19 años cuando fue asesinada por transfobia.
Una activista que sigue el caso trató de contactar a los familiares de la joven «y el resultado fue que fue agredida y discriminada por la propia familia», lamentó.
Otra historia que incluye el informe es la de un muchacho trans que emigró a la ciudad cruceña en pos de mejores oportunidades laborales y escapando de la «discriminación y el estigma» que sufría en su provincia, pero en la urbe le discriminaron por su forma de vestir e incluso intentaron abusar sexualmente de él, indicó Villafuerte.
Medios y conclusiones
El informe también analiza el papel de los medios de comunicación que siguen empleando un lenguaje discriminatorio o que «refuerzan» estereotipos, lo que hace que se mantengan los prejuicios hacia la población LGBTIQ+.
Entre sus principales conclusiones, el estudio remarca que el seguimiento a estas vulneraciones «es una tarea urgente y necesaria para la denuncia social», a fin de incidir en las agendas políticas de quienes toman decisiones.
También señala que aunque hay avances, sobre todo normativos, desde el Estado quedan retos para garantizar los derechos de las diversidades sexuales y de género, mientras que desde la ciudadanía debe haber una «deconstrucción cultural, social y personal para derribar prejuicios».