La decisión de Ecuador de retirar la condición de asilo político, y posterior detención por la policía londinense del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha generado una serie de implicaciones políticas y jurídicas que pueden tener derivaciones históricas sobre la vigencia de los derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos de los Estados a proteger su seguridad nacional. Se trata de un problema nada simple que toma el escenario del planeta para exponer las contradicciones entre el bien y el mal, muchas veces inserto en una misma acción, rescatando el principio de la convivencia inseparable de los opuestos.
Aunque las leyes británicas pretenden reducir el caso a declarar a Assange «culpable de no rendirse ante la justicia», la realidad pone al frente las acciones de WikiLeaks de revelar ante el mundo el espionaje norteamericano y poner en evidencia fallas en la seguridad de la más grande potencia global. El hecho es que desde las revelaciones de Assange y del exconsultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, se ha desatado una ola de protestas contra EE.UU. país que con sus explicaciones hasta ahora no han logrado mitigar el enojo ni de sus aliados más próximos, donde todavía prevalece la susceptibilidad.
Por ello no debe extrañar que se haya pedido la extradición del investigador poniendo en aprietos a la justicia británica, que tendrá que definir el tema de fondo que no es otro que la decisión de Assange de publicar y poner al descubierto hechos que atañen al mundo, a algunos países en particular, a las relaciones internacionales y a las actividades de inteligencia de Estados Unidos como eje central. Para el gobierno norteamericano el creador de WikiLeaks ha cometido delitos, y para muchos juristas se ha convertido en un paradigma de la desobediencia civil, es decir de realizar acciones políticas contrarias a la ley, en forma consciente, con el propósito de revelar hechos que atañen a todos.
Recordemos que la mayoría de los políticos democráticos y los juristas defensores de los derechos humanos, miden con ecuanimidad la desobediencia civil, que implica la violación de una ley mediante una acción, generalmente pacífica, destinada a cambiar determinada situación. Consideran que su finalidad es generar una reflexión colectiva capaz de lograr cambios. La desobediencia civil es una expresión de responsabilidad personal y refleja el compromiso de no aceptar normas o prácticas injustas, aunque sean legales.
Uno de los casos emblemáticos de resistencia civil ha sido la posición asumida por Gandhi, frente el imperio británico, que lanzó al mundo los cuestionamientos de resistir las leyes injustas y hacer esfuerzos por modificarlas. Parece que las acciones de Julian Assange, se enmarcan en esa interpretación, aunque ya un juez de distrito de Westminster determinó su detención, y quedan pendientes otra causa en Suecia y su situación ante la justicia de Estados Unidos, que ha pedido la extradición por las filtraciones de miles de cables diplomáticos con información reservada y secreta que WikiLeaks difundió.
La policía británica informó que ese pedido ya llegó y que la detención de Assange también respondió a ese pedido. La justicia sueca, además, no descarta reabrir el caso por abuso sexual por el cual Assange era buscado originalmente en Londres, ya que no se han cumplido los plazos de prescripción. El abogado de una de las víctimas suecas sospechadas de violación por parte de Assange va a exigir a los fiscales que reabran el caso. El proceso había sido cerrado en el 2017. En todo caso, se abre un desafío para la justicia que debe dirimir entre males y contravenciones evidentemente cometidos, y soluciones verdaderamente salomónicas, que tendrán que ver las consecuencias de un mal frente otro, y cuál de los males causó mayores desgracias.