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lunes, abril 29, 2024
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A hermanas Lanchipa se debe aplicar la Ley Marcelo Quiroga: Añez

Las hijas del fiscal general del Estado, Juan Fausto Lanchipa Ponce, como funcionarias públicas no explican cómo así obtuvieron y de dónde, la primera Bs 4.176.545 y la segunda Bs 1.421.580, el Contralor del Estado debe hacer conocer las declaraciones juradas presentadas, afirmó la senadora Janine Añez.

La sindicación contra el magistrado Gonzalo Hurtado, en torno a su vinculación con el «narcotraficante Montenegro», dio lugar a que se pida al fiscal general del Estado, Juan Fausto Lanchipa Ponce, instruya la investigación sobre el caso debido a que Hurtado «hubiera utilizado sus influencias, en razón del cargo que ostenta, para favorecer a Montenegro en el caso de extradición» a raíz del cual se supo que fungía como «secretaria del magistrado», Vania Lanchipa Ramírez, recientemente egresada de la carrera de derecho, hija del Fiscal General.

El presidente del TCP, Petronilo Flores, intentó desviar la atención e indicó que dicha persona no trabajo con Hurtado, sino que está como «radicadora» en una sala ajena a la de dicho magistrado. La duda se acentuó sobre las ramificaciones de Montenegro-Hurtado.

Según la senadora Jeanine Añez, ni el Presidente del TCP ni el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, hacen conocer quién o quiénes alteraron la determinación judicial, elevada a digital, que causó confusión en torno a la extradición de Montenegro.

Quienes encubren al perseguido de la justicia de Brasil -magistrados, excomandantes de la policía (ex Cnel. Gonzalo Medina, ex Cap. Fernando Moreira)-, están evidenciando que el narcotráfico penetró las estructuras política, judicial, policial, señalo el diputado Windsor Santamaría

La legisladora Añez, después de efectuar valoración sobre las declaraciones juradas de Vania Lanchipa Ramírez y Juan Fausto Lanchipa Ponce, tuvo conocimiento que una otra hija del Fiscal General, Roxana Lanchipa Ramírez, trabaja en el Ministerio de Educación.

Según su declaración jurada, presentada ante la Contraloría del Estado, Juan Lanchipa Ponce manifiesta poseer Bs 930.340 y una deuda de Bs 557.600, no especifica a quién debe y por qué motivo legal, requisito que era imprescindible cumplir, indicó la parlamentaria.

«Lo que llama poderosamente la atención es que las hijas del Fiscal General, para ingresar a funciones públicas, no explican en sus declaraciones juradas cómo así obtuvieron y de dónde, la primera Bs 4.176.545 al tipo de cambio 6.96/dólares 600.078.3 y la segunda Bs 1.421.580 al tipo de cambio 6.96 dólares 204.250, no especifican en qué consiste esas fortunas, sea en bienes inmuebles, dinero en efectivo, etc.».

«Hasta la fecha se mantienen en calladas no se sabe de dónde y por qué concepto obtuvieron esos montos en muy corto tiempo, teniendo una edad de 26 y 23 años». La congresista pidió se aplique la Ley Nº 004 de fecha 31 de marzo de 2010 «Marcelo Quiroga Santa Cruz sobre lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas», si la Unidad de investigación de Fortunas Ilícitas no cumple su deber, presentare petición de informe oral al Contralor y a la Sra. Teresa Morales, indicó.

Por su parte, diputados de oposición hicieron cálculo sobre las posibles sumas percibidas como funcionarias públicas:

Si Vania Lanchipa Ramírez percibe Bs 22.000 mensual como secretaria de la Sala del TCP, en un año percibió Bs 264.000 más dos aguinaldos Bs 44.000 totalizando Bs 308.000 por 14 años Bs 4.312.0000. Su hermana Roxana Lanchipa Ramírez, declaró poseer Bs 1.421.580, en caso que perciba Bs 11.000 mensual, más dos aguinaldos Bs 22.000, anual percibiría Bs 132.000 por 14 años Bs 1.848.000.000.

Preguntan ¿Hace qué tiempo y a qué edad, ingresaron como funcionarias públicas?

¿Cuál la fórmula para obtener esa clase de fortunas a breve plazo?

Mientras con visión imparcial la diputada Valeria Silva del MAS expresó que el Fiscal General del Estado, por ética, debe responder a la denuncia de la senadora por UD.

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