La minería, siendo el rubro de la economía nacional que más puestos de trabajo genera continúa operando con la tecnología del siglo pasado y en condiciones precarias que atentan contra el medio ambiente y destruyen un patrimonio que es de todos los bolivianos, para favorecer solamente a cooperativistas, y mineros empleados del Estado. No existen evaluaciones ni estados de resultados oficiales de las gestiones gubernamentales, y solamente informes parciales muestran que más son los tropiezos que los aciertos.
Ni el alza moderada de precios de algunos metales ha motivado a desarrollar proyectos basados en estudios especializados. La improvisación sigue imponiéndose a la racionalidad. El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Gualberto Hochkofler, informó que el valor de la exportación de minerales creció 24% al primer trimestre de este año, respecto al mismo período de 2017, es decir, de 796 millones a 986 millones de dólares. Esto se debe al aumento en las cotizaciones de la mayoría de los minerales, y no a un incremento de la producción.
La producción de la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), en el primer semestre de este año, ha superado las 5.400 toneladas de estaño metálico de exportación, lo que ha representado algo más de 115 millones de dólares. Se logró cumplir el 45 por ciento de la meta fijada para este año. Sin embargo, esa meta está por debajo de los volúmenes de producción anunciados por la empresa estatal cuando comenzó a operar el horno Ausmelt. Entonces, se dijo que se llegaría a 18.000 toneladas anuales.
Continúa con dificultades el desarrollo del proyecto para instalar una mini acería en El Mutún. El proyecto del litio ha sido ofrecido a China, Rusia, Alemania, Corea del Sur y a varios otros países y empresas, pero hasta ahora sigue en una nebulosa. La ineficiencia en la administración de empresas del Estado, como Huanuni, y otras, generó nuevamente pérdidas, mientras las empresas privadas se estancaron, no invierten más y la precaria calidad y capacidad de las fundidoras nacionales hacen que el 70% de la producción minera se exporte en bruto. A ello se suma un caos en la política minera que entrega concesiones hasta en las reservas nacionales.
Se conoció que empresas chinas y de cooperativas nacionales, explotan minerales en los nevados Illimani y Mururata. El gobierno inicialmente negó estos extremos, pero después de que los medios de comunicación mostraran las evidencias en imágenes y testimonios de las actividades mineras, se reconoció esta lamentable realidad.
Por otra parte, la baja en la cotización internacional del oro representa un duro golpe para las cooperativas auríferas que concentran a cientos de familias. Los dirigentes de la Federación de Cooperativas auríferas revelaron un cuantioso contrabando de oro proveniente del Perú, en el cual Bolivia sería el país de tránsito hacia el Brasil. La información fue proporcionada en un foro sobre la explotación aurífera. El tráfico ilegal del metal precioso se explicaría también por la existencia de más de un centenar de comercializadores clandestinos que operan en la región aurífera.
Por otra parte, las fundiciones del país no abastecen ni tienen la capacidad para tratar todos los minerales nacionales. Toda la experiencia desde la colonia no ha servido para perfilar una política coherente de desarrollo de la minería nacional que permita industrializar la producción y generar valor agregado. El país continúa como simple proveedor de materia prima.