La concejala de SOL.bo, Cecilia Chacón, denunció ayer que el empresario Edwin Saavedra Toledo enmalló la Curva de Holguín, pero no solo el terreno de su propiedad sino además 25.189 metros cuadrados que pertenecen al municipio de La Paz.
«Toda la curva está enmallada en la parte superior. Fue cercada por la empresa Toyosa y el señor Edwin Saavedra. Este nuevo atropello se suma a las acciones de avasallamiento, loteamiento y apropiación de propiedad municipal que se han denunciado y que han motivado las abrogaciones de las ordenanzas concedidas (a favor de Saavedra)», señaló.
De acuerdo con la investigación de Chacón, Saavedra adquirió el 4 de agosto de 1994 26.216 metros cuadrados del señor Jorge Arana, mediante la escritura pública Nro. 482/1994, de un total de 51.405 metros cuadrados que Arana tenía en el sector.
La diferencia, es decir 25.189 metros cuadrados, fueron cedidos por Arana a la Alcaldía el 18 de noviembre de 1993, a título gratuito para vías, áreas verdes y equipamiento, mediante la escritura pública Nro. 506/93. Chacón dice que esa cesión fue perpetua.
Pero ahora, Saavedra enmalló toda el área incluida la propiedad municipal, cedida en 1993.
La legisladora de SOL.bo anunció que presentará una solicitud a las autoridades ediles para que notifiquen a Saavedra «y en el plazo establecido y oportuno procedan al desenmallado de la propiedad municipal», a fin de evitar que con esta acción se «consolide esa apropiación ilegal».
Además, demandó que la Secretaria de Gestión Ambiental que, «en resguardo de áreas protegidas, proceda con las acciones necesarias para recuperar este espacio y pueda evaluar los daños provocados por la apropiación de Saavedra».
Pidió, incluso, una investigación para saber si el cerco perimetral cuenta con autorización de la comuna.
Chacón denunció, anteriormente, que durante la gestión de Luis Revilla se aprobaron dos ordenanzas para favorecer a Saavedra: la primera para cambiar el uso de suelo del área y la segunda para autorizar la construcción de un proyecto inmobiliario, mediante la cual dijo que se habían consolidado en favor del empresario 13.994 metros cuadrados de propiedad municipal.
El concejo Municipal abrogó las dos ordenanzas, pero los constitucionalistas señalaron que el daño ya fue hecho y que, por lo tanto, pese a las abrogaciones, los culpables deben ser sancionados.