El proceso de preselección de candidatos a altos cargos del poder Judicial nuevamente está paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por un diputado contra el nuevo reglamento de la convocatoria.
La resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso este jueves la «suspensión provisional» del proceso ante la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el diputado opositor de Creemos, Leonardo Ayala, contra el reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.
El argumento de Ayala es que el reglamento se aprobó mediante una resolución de la Asamblea Legislativa y no a través de una ley, como sucedió en las elecciones judiciales de 2017.
Esta es la segunda ocasión que se pone en pausa la preselección de candidatos para conformar el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura que inicialmente debía finalizar el pasado 15 de abril.
Días antes de que finalice el plazo la Asamblea Legislativa comunicó que se «dejó sin efecto» la preselección debido a una medida cautelar determinada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni que observaba el reglamento y la convocatoria de la preselección.
El Parlamento estaba en la obligación de hacer un nuevo reglamento y convocatoria para dar continuidad con este proceso que fue aprobado el pasado 20 de abril.
Días después inició nuevamente el registro de postulantes que hasta la fecha llegaron 22 postulaciones.
La Constitución vigente desde 2009 introdujo la elección mediante voto popular de las máximas autoridades judiciales con candidatos seleccionados previamente por el Parlamento.
Las elecciones judiciales se han celebrado en 2011 y 2017 con la constante de que una gran porcentaje de la votación, en ambos casos, perteneció a sufragios nulos o en blanco como una forma de rechazo a un proceso que entonces se consideró manipulado por la mayoría parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).