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martes, octubre 26, 2021
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Opositores critican «impunidad» para el MAS y castigo a detractor

Expresidentes criticaron que el oficialismo disponga una «amnistía» que alcanzará a simpatizantes del Gobierno de Luis Arce considerados «perseguidos» por el Ejecutivo transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez, a la par de una sentencia contra Rafael Quispe que denunció corrupción.

Los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga cuestionaron en Twitter que la Justicia haya sentenciado a dos años de cárcel a Rafael «El Tata» Quispe mientras el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) promueve la «impunidad» para sus seguidores.

«La condena del Tata Quispe es la prueba del uso que hace el gobierno del martillo judicial contra los opositores. La amnistía prueba la autoimpunidad oficialista. Nuestra solidaridad con el Tata por la injusta condena que sufre por denunciar la corrupción de dirigentes del MAS», escribió Mesa (2003-2005).

En la misma red social, Quiroga (2001-2002) sostuvo que la Justicia «masista es un carnaval» porque, por un lado hay «impunidad» para el exmandatario Evo Morales «y sus amigos en el Congreso» y, por otro, está la sentencia contra Rafael Quispe «por denunciar corrupción oficialista».

Quiroga expresó su solidaridad con Quispe quien, a su juicio, fue condenado «por ser indígena contestatario»

«La democracia se construye en base a la reconciliación política. Pero nunca en base a la impunidad. La norma de indulto que impulsa el gobierno no es reconciliación. Es impunidad y privilegio», escribió su parte Áñez.

«El Tata» Quispe fue sentenciado a dos años de prisión dentro de un proceso por acoso político que le inició la dirigente campesina Felipa Huanca, del MAS, a la que denunció por supuesta implicación en los manejos irregulares de un fondo estatal para proyectos indígenas.

La sentencia contra Quispe se dictó el mismo día en que el oficialismo aprobó un polémico decreto de «Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos» que busca descongestionar las cárceles, pero a la vez beneficiará a exfuncionarios y simpatizantes del MAS procesados durante la gestión de Áñez.

El decreto presidencial fue aprobado el viernes en una bochornosa sesión parlamentaria en la que el MAS impuso su mayoría para evitar el debate, pese a las airadas protestas de los opositores.

El Ministerio de Justicia señaló en un comunicado que el decreto «busca descongestionar los recintos penitenciarios para evitar mayores contagios por coronavirus».

Mientras que el partido gobernante indicó que también beneficiará a quienes fueron víctimas de «persecución política» entre octubre de 2019 y octubre de 2020.

Las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos han denunciado que el MAS utiliza una causa noble como la resolución del retardo judicial para que queden impunes sucesos violentos posteriores a las fallidas elecciones de 2019, como la quema y destrucción de propiedad pública y privada y las muertes y violencia sufrida por personas que no son afines al oficialismo.

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