Perú puede emerger como un actor «fundamental» en la relación entre Bolivia y Chile en caso de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya establezca, este 1 de octubre, que existe la obligación de negociar un acceso soberano al mar, según el excanciller boliviano Javier Murillo de la Rocha.
El diplomático, que actualmente es decano de la Facultado de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, mencionó en una entrevista con Efe que el escenario llamado «post-Haya» por las autoridades bolivianas «es de tres», en referencia a una potencial participación peruana en caso de abrirse una negociación.
«Un gran desafío para los dos países directamente involucrados y eventualmente para el Perú, porque es un actor fundamental como lo fue en el proceso de Charaña (1975-1978)», aseguró.
Esas negociaciones recibieron el nombre por la declaración que firmaron en 1975 los entonces presidentes de Bolivia y Chile, Hugo Bánzer y Augusto Pinochet, respectivamente, en la fronteriza población boliviana de Charaña.
Aquella ocasión ambos mandatarios asumieron el compromiso de buscar soluciones a la situación de mediterraneidad de Bolivia.
Consultado sobre si Charaña sería la base de una futura negociación, Murillo de la Rocha respondió con un sí rotundo, argumentando que fue «la que más avanzó» y la que ha demostrado a la corte que «existe un pacto de contrahendo».
Esta expresión alude a un acuerdo preliminar para negociar en un futuro.
El excanciller boliviano recordó que el 26 de agosto de 1975 Bolivia propuso de manera formal iniciar un proceso de negociación para la transferencia de un territorio soberano al norte del puerto chileno de Arica y que Chile respondió el 19 de diciembre de ese año que aceptaba.
«Todos son documentos, piezas escritas», aseguró Murillo de la Rocha, que constituyen «el único proceso de negociación formal» que se da en el siglo XX y que es el fundamento «más sólido» de la demanda boliviana.
La versión de Bolivia sobre las negociaciones de Charaña señala que Chile propuso la cesión de una costa soberana junto a un corredor también soberano al norte de Arica, al que luego añadió el requisito de un canje territorial.
Luego Chile hizo la consulta a Perú, por lo dispuesto en un tratado aún vigente de 1929, que finalmente aceptó en tanto que el territorio costero implique una soberanía compartida entre los tres países.
Sin embargo, la respuesta peruana no fue aceptada por Chile, lo que ocasionó el fracaso de aquella negociación y la ruptura de relaciones diplomáticas con Bolivia.
Murillo de la Rocha aseguró que el escenario que podría abrirse tras el fallo de La Haya, en caso de que sea favorable a Bolivia, va a ser «difícil, complejo, y va a tener muchos retos», porque «no hay muchas alternativas u opciones».
«Una salida soberana tiene que ser por el norte de Arica», señaló el excanciller en referencia a aquel episodio de 1975 a 1978.
«Cualquier otra solución contradice lo que le hemos pedido a la corte», complementó.
También manifestó que de darse un proceso de negociación con la sentencia de la corte, deberán conjugarse «la voluntad decisiva de Chile» con «la voluntad viabilizadora del Perú» y «un consenso mínimo» en Bolivia.
Murillo de la Rocha aguarda que el 1 de octubre se dé un resultado «muy positivo» para Bolivia y confía en que los magistrados de la corte «van a ser consecuentes» con la decisión que asumieron el 24 de septiembre de 2015, cuando rechazaron la objeción preliminar de Chile contra la jurisdicción del tribunal.
El exministro de Exteriores boliviano sostuvo además que Chile tiene «la oportunidad histórica» de demostrar «que es un país respetuoso del derecho internacional» y que «favorece la integración y el entendimiento».
El lunes 1 de octubre la corte de Naciones Unidas con sede en La Haya (Países Bajos) tiene previsto emitir la sentencia de la demanda presentada por Bolivia en 2013, en la que pide que obligue a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico.
La sentencia será inapelable y de obligado cumplimiento, por lo que supondrá el último episodio judicial en este litigio.
Bolivia perdió en 1879 en una guerra con Chile unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Chile sostiene que los asuntos fronterizos con su vecino quedaron resueltos en un tratado de 1904, por lo que a su juicio la demanda boliviana no tiene fundamento jurídico porque por parte chilena nunca se ha asumido una obligación de negociar.